En una sesión sin mayor resistencia política, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictamen que permite trasladar progresivamente al régimen 728 a los trabajadores CAS del Ministerio Público. Con votos holgados y exoneración de segunda votación, la ley apunta a cerrar una brecha laboral que por más de una década ha afectado a miles de servidores que, pese a cumplir funciones permanentes, no accedían a estabilidad, igualdad salarial ni beneficios básicos.
El respaldo casi unánime reflejó una coincidencia transversal entre bancadas sobre la necesidad de corregir un trato que muchos legisladores calificaron como desigual. Según expuso el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, la disparidad entre el personal CAS y el resto de trabajadores del Ministerio Público se arrastra desde hace años, aun cuando ambos cumplen tareas permanentes y sostienen parte del funcionamiento institucional. Para él, la aprobación marca un punto de inflexión que debe traducirse en mejores condiciones laborales y una estructura salarial más coherente.
En esa misma línea, la Comisión de Justicia remarcó el carácter multipartidario del dictamen. Su titular, Flavio Cruz, explicó que el proceso de incorporación será paulatino y responderá a criterios verificables: antigüedad, continuidad en el puesto, mérito y necesidad del servicio. La transición no solo reorganiza el mapa laboral del Ministerio Público, sino que también intenta blindar la meritocracia y evitar arbitrariedades en los ascensos. El objetivo, recalcaron, es que el beneficio llegue primero a quienes han sostenido por más tiempo la carga operativa.
El impacto presupuestal, uno de los puntos más sensibles, también ingresó al debate. Las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas sitúan el costo total del traslado en 275 millones de soles. Pero solo 153 millones corresponden directamente a la población objetivo, monto que será cubierto con recursos institucionales. Para varias bancadas, la cifra es significativa, pero necesaria si se busca cerrar la brecha entre trabajadores con funciones equivalentes, pero con derechos y remuneraciones muy distintos.
A lo largo de la sesión, legisladores como Jaime Quito e Isabel Cortés insistieron en que mejorar las condiciones laborales del personal administrativo no solo responde a una deuda histórica, sino que fortalece la capacidad operativa del Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad. Sobre esa misma idea, Kelly Portalatino subrayó que la ley ofrece estabilidad y equidad a quienes han trabajado por años en condiciones precarias. Para los impulsores de la norma, el mensaje queda claro: dignificar el trabajo es también una forma de reforzar la institucionalidad.
