En un hecho que refuerza el derecho a una justicia verdaderamente accesible. Una jueza de Familia de Arequipa ordenó que una mujer invidente reciba sus medidas de protección en sistema braille. La disposición permitió que la víctima conozca íntegramente la resolución que la ampara frente a la violencia que sufría. Y se convirtió en un paso firme hacia una atención judicial más inclusiva para personas en condición de vulnerabilidad.
La orden fue dictada por la jueza Liz Figueroa Tejada, titular del 7.º Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. Esta dispuso que la resolución sea entregada en braille para asegurar que la víctima pueda acceder por sí misma al contenido de las medidas. Con ello, el despacho buscó garantizar que el proceso no solo proteja, sino que también respete plenamente la autonomía de la usuaria.
Para cumplir con la disposición, personal del Módulo Judicial Integrado acudió al domicilio de la madre de familia. La notificadora Karla Pacheco Zúñiga y la asistente social Lidia Chipana Tapia realizaron la lectura íntegra de la resolución y entregaron el documento impreso en braille. El mismo que fue elaborado gracias a la impresora especializada adquirida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Esta tecnología, implementada para fortalecer la atención inclusiva, permitió materializar un derecho que pocas veces se ejerce de manera efectiva.
El caso revela la gravedad de los hechos sufridos por la víctima, quien era sometida a humillaciones constantes por parte de su conviviente debido a su discapacidad visual. La jueza ordenó que el agresor se abstenga de ejercer cualquier acto de violencia física o psicológica. Una medida que también alcanza a la hija menor de ambos, una niña de 10 años que soportaba violencia emocional dentro del mismo entorno familiar.
Además, la magistrada dispuso que el agresor sea sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas y participe en las terapias brindadas por la Asociación de Alcohólicos Anónimos. La resolución también advierte que, en caso de incumplimiento, se remitirá el expediente al Ministerio Público para las acciones correspondientes. Esta incluye una posible denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad. Con ello, el juzgado busca cerrar el círculo de protección y evitar que la violencia vuelva a repetirse.
