Con la llegada de diciembre y el incremento habitual de delitos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Corte Superior de Justicia de Arequipa ordenó intensificar la respuesta judicial en casos de flagrancia. El presidente Nicolás Iscarra reunió a los magistrados de esta unidad para exigir mayor rigor, rapidez y una coordinación ininterrumpida con la Policía y el Ministerio Público. La meta es asegurar audiencias urgentes y un sistema que funcione sin pausas.
El presidente de la Corte, Nicolás Iscarra Pongo, reunió a los jueces de la Unidad de Flagrancia para revisar el comportamiento delictivo que, cada año, repunta en diciembre. Les recordó que los operativos policiales se multiplican, las detenciones en flagrancia aumentan y aparecen con mayor frecuencia casos vinculados a violencia familiar, hurtos, delitos contra la vida, agresiones corporales y conductores intervenidos por manejar en estado de ebriedad. En ese escenario, señaló que no basta con mantener el ritmo habitual: es necesario redoblar la capacidad de respuesta.
Durante el encuentro, Iscarra enfatizó que la ciudadanía exige un sistema judicial que actúe sin demoras, especialmente cuando el delito ocurre en plena vía pública o durante intervenciones inmediatas. Recordó que el proceso de flagrancia demanda plazos ajustados y que cualquier retraso podría afectar la legalidad de la detención o la protección de las víctimas. “La justicia debe reaccionar con firmeza y precisión”, insistió ante los magistrados, marcando el tono del operativo institucional para fin de año.
En su mensaje, el titular de la Corte subrayó que el compromiso no se limita al ámbito judicial. Dispuso que los órganos de flagrancia mantengan una articulación constante con la Policía Nacional y el Ministerio Público. Esta coordinación busca asegurar que los detenidos sean recibidos sin contratiempos y que las audiencias urgentes se programen y ejecuten sin interrupciones, incluso en horarios nocturnos o durante los feriados. El objetivo común: que el sistema no se detenga cuando la actividad delictiva aumenta.
La instrucción final fue clara: la atención debe mantenerse activa las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para Iscarra, esta disponibilidad es una garantía de que el proceso inmediato se cumpla dentro de los márgenes que exige la ley y de que las intervenciones policiales encuentren una contraparte judicial capaz de sostenerlas.
