En un momento de máxima tensión diplomática y militar, Donald Trump convocó a su Consejo de Seguridad Nacional para evaluar el rumbo de la estrategia estadounidense frente al régimen de Nicolás Maduro. La reunión ocurre tras semanas de operativos en el Caribe que han dejado 83 muertos, ataques atribuidos por Washington a rutas del narcotráfico controladas por la cúpula venezolana. Mientras la Casa Blanca advierte que podría ampliar sus acciones, Caracas denuncia un intento de intervención.
La sesión, confirmada por la portavoz Karoline Leavitt, se produce con un abanico de medidas sobre la mesa que el propio Trump mantiene en reserva. La Casa Blanca ha armado un discurso que mezcla advertencias militares, cierres de espacio aéreo y señales de que la ofensiva podría pasar del mar a tierra firme. Aunque Leavitt evitó precisar si la intervención directa está en evaluación, dejó claro que el presidente conserva todas las alternativas abiertas en medio de la escalada regional.
La administración estadounidense justifica su despliegue bajo el argumento de neutralizar amenazas vinculadas al narcotráfico. Según datos difundidos por Washington, los ataques a 20 embarcaciones en el Caribe han sido ejecutados bajo órdenes del almirante Frank Bradley y supervisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Las autoridades sostienen que los bombardeos buscan asegurar la destrucción total de naves consideradas de riesgo, incluso mediante ofensivas de seguimiento, una práctica que levantó críticas por reportes de ejecuciones posteriores.
A estas acusaciones, la Casa Blanca respondió aferrándose a la legalidad del operativo. Hegseth defendió públicamente que las acciones cumplen con las normas del conflicto armado y fueron avaladas por asesores militares y civiles. Leavitt reforzó el mensaje, remarcando que Bradley actuó dentro de su autoridad. Mientras tanto, la aviación civil recibió advertencias para extremar precauciones sobre Venezuela, un gesto que evidencia la intensidad del clima militar en la región.
Del lado venezolano, la reacción fue inmediata y ruidosa. Nicolás Maduro rechazó las acusaciones de narcotráfico y denunció que Washington intenta derrocarlo para apoderarse del petróleo del país. Su gobierno respondió revocando permisos a seis aerolíneas internacionales, un golpe adicional a la ya limitada conectividad venezolana. En Caracas, miles de simpatizantes chavistas marcharon en defensa de la “soberanía nacional”, mientras Delcy Rodríguez advirtió que Venezuela enfrenta una nueva amenaza externa. Así, entre movimientos militares y discursos incendiarios, el conflicto avanza hacia un terreno de mayor tensión e incertidumbre.
