A puertas del inicio del proceso electoral del Colegio de Abogados de Arequipa, el abogado Julio Álvarez ha encendido las alarmas al denunciar que el estatuto vigente es, según afirma, “una aberración jurídica” que permite prácticas poco democráticas. Critica la votación por poderes, la designación directa de miembros del comité electoral y la omisión histórica de reformas indispensables. Por ello, exige la renuncia de la Junta Electoral, designada esta semana, y plantea que su elección sea por sorteo público.
Álvarez, impulsor del Frente de Abogados Democráticos en Contra la Corrupción, sostiene que el marco legal que regula la elección de la Junta Electoral del Colegio de Abogados de Arequipa arrastra vicios que se repiten en cada proceso de elecciones. “Los principios constitucionales para elegir a cualquier autoridad electoral se vulneran flagrantemente”, afirma. Y señala que incluso en esta elección “se ha votado bajo modalidad de poderes”, una práctica que considera incompatible con un voto “directo, personal, universal y secreto”. Para él, este mecanismo abre dudas sobre la transparencia y erosiona la confianza en la orden de letrados.
Otro punto que dispara sus críticas es la potestad del decano para designar a dos miembros del comité electoral. “¿Con qué razón?”, cuestiona, recordando que ninguna lista debería tener vínculos con quienes arbitran la contienda. Utiliza una metáfora para ilustrarlo: “Los jugadores no eligen al árbitro”. Esta injerencia, dice, explica por qué cada proceso termina envuelto en disputas internas y sospechas de control político al interior del colegio profesional.
Álvarez asegura que estas tensiones permanentes dañan la imagen del gremio. “Siempre hay escándalo”, lamenta, y añade que el estatuto se ha convertido en terreno fértil para el aprovechamiento de algunos candidatos. Insiste en que varias gestiones prometieron una reforma que nunca llegó. “A veces tenemos culpa por acción y otros por omisión”, sostiene, responsabilizando a los directivos que dejaron pasar la oportunidad de modernizar las reglas electorales.
Como salida, plantea que la Junta Electoral sea elegida por sorteo entre los más de 16 mil miembros del colegio, ante un notario y con personeros de todas las listas. Afirma que esta fórmula garantizaría imparcialidad y evitaría presiones. Por eso exige la renuncia inmediata de la actual Junta Electoral, apelando “al criterio de conciencia” de sus integrantes. Su apuesta, dice, es que los próximos procesos mejoren y se destierre cualquier práctica que “vulnera la democracia” dentro de la orden profesional.
