La investigación en contra del excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general (r) Víctor José Zanabria Ángulo; el prefecto de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos y otros mandos policiales continúa a paso firme. Y es que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios notificó el inicio del control de acusación, un paso crucial que define si el proceso avanza a la etapa de juicio oral
La notificación, correspondiente al expediente N° 02444-2024-70, formaliza el requerimiento acusatorio y marca el fin de la investigación preparatoria. La carpeta judicial, plasmada en la Resolución N° 03-2025, fija una fecha crucial para la audiencia de control de acusación. Esta se llevará a cabo el próximo tres de diciembre del año 2025, a las once de la mañana, en modalidad virtual.
La importancia de esta audiencia radica en que se centrará jurídicamente las bases para el futuro del proceso. Es decir, si el juez a cargo encuentra que la acusación está bien sustentada, se procederá la etapa de juicio oral, y en esta se definirá la culpabilidad o inocencia de todos los acusados.
De los imputados
Este caso, denominado mediáticamente como «Policías Albañiles», expuso un presunto esquema de corrupción ocurrido en la entonces IX Macro Región Policial (MACREPOL) Arequipa durante el año 2020.
Entre los principales acusados, cuya situación jurídica será evaluada en la audiencia, se encuentra el general (r) Víctor José Zanabria Angulo. Este, al momento de los hechos, era el jefe de la IX Región Policial en Arequipa y, hasta hace poco, ostentaba el cargo de Comandante General de la PNP.
Como jefe máximo de la institución policial en Arequipa, la Fiscalía lo señala como el autor intelectual y superior jerárquico que dio las órdenes directas para la ejecución del plan. Se le acusa por presuntamente ordenar el retiro de los quince suboficiales de su servicio
La lista de imputados incluye también al coronel (r) Francis Javier Alarcón Gallegos, identificado en el expediente como uno de los coautores. Este ocupa actualmente el cargo de Prefecto Regional de Arequipa, aunque su cargo permanece en el limbo por esta investigación judicial en su contra.
Los testimonios indican que Alarcón Gallegos fue el encargado de supervisar directamente las labores de los policías utilizados como albañiles. Él controlaba el día a día de estos agentes en las obras y coordinaba la contratación del maestro de obra civil. Es decir, actuaba como el nexo entre el alto mando y la ejecución material de los actos ilícitos.
La acusación fiscal imputa a los procesados graves delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, colusión agravada, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Este último cargo recae de forma principal en la Mayor PNP Claudia Felisa Del Castillo Chávez.
“Policías albañiles”
La esencia de la acusación radica en el uso indebido de al menos quince suboficiales de la sección de Patrullaje a Pie. Estos fueron retirados de sus labores de seguridad ciudadana para realizar trabajos de albañilería y construcción en las instalaciones de la IX MACREPOL.
El personal policial fue presuntamente desviado de sus funciones para la remodelación del patio de honor y un cenotafio en la sede. Mientras en los registros oficiales figuraban como si estuviesen prestando servicio regular en las calles. Se alega que hubo un concierto (acuerdo) entre los mandos policiales y un contratista civil para simular o alterar los costos y la ejecución de la obra.
Adicionalmente, se investiga la apropiación o malversación de una donación económica, valorada en más de 17,600 soles. La misma que fue entregada por la Sociedad Minera La Soledad y destinada supuestamente para el proyecto de refacción. La Fiscalía sostiene que este dinero fue malversado y no se utilizó transparentemente para los fines que justificaron su solicitud, configurando la apropiación de fondos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción de Arequipa sostiene que existen suficientes elementos de convicción para sustentar la acusación penal. Y, según trascendió en su momento, ha solicitado una pena de prisión que podría superar los 17 años para los principales implicados en esta investigación.
Con la notificación oficial del requerimiento acusatorio, se otorgó a los cinco imputados un plazo perentorio de diez días hábiles para que ejerzan su defensa. Este periodo, conforme al Artículo 350° del Nuevo Código Procesal Penal, permite formular observaciones, deducir excepciones y ofrecer pruebas.
