El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció desde la clandestinidad para ofrecer una operación gratuita al suboficial PNP Roger Quispe, quien sufrió un traumatismo craneano severo. Sin embargo, condicionó su intervención a un cambio en su estatus judicial, generando cuestionamientos éticos en medio de un caso que mantiene a la familia del policía a la espera de respuestas y al Estado activando su propio protocolo de apoyo.
La oferta de Vladimir Cerrón no demoró en desatar polémica. El prófugo fundador de Perú Libre, cuestionado por cargos de organización criminal y lavado de activos, afirmó que la lesión del suboficial Roger Quispe no sería irreversible y que podría operarlo de manera gratuita si se revisa su situación judicial. Para justificar su propuesta, apeló a su trayectoria como neurocirujano y aseguró que, con una plastia craneal y rehabilitación prolongada, el joven agente podría recuperar funciones motoras y cognitivas en un proceso de hasta cinco años.
En redes sociales, Cerrón sostuvo que la edad del policía favorecería la recuperación y sugirió, además, que si el tratamiento local no resulta suficiente, se evalúe enviarlo al Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), en La Habana. También aludió a casos previos de pacientes con lesiones graves que, según él, lograron recuperarse tras múltiples intervenciones. Su mensaje, difundido en plena estrategia política por las Elecciones 2026, colocó el estado de salud del agente dentro de un escenario donde la medicina se mezcla con disputas judiciales y aspiraciones electorales.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior activó su propio plan de atención sin condiciones. Por orden del ministro Vicente Tiburcio, el suboficial fue trasladado al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz para recibir tratamiento especializado. Dirsapol gestionó el transporte en ambulancia equipada y coordinó la adquisición de la placa de titanio necesaria para su recuperación. SaludPol abrió la posibilidad de articular con clínicas privadas, y la Defensoría del Policía asumió el acompañamiento legal, social y clínico para apoyar a la familia que inicialmente afrontó sola los gastos.
Paralelamente, la preocupación de los familiares se centró en el origen del accidente. Exigieron sanciones para la capitana Lisette Quispe, señalada por haber ordenado tareas ajenas a la función policial, acción prohibida por directivas internas. El Instituto de Defensa Legal Policial recordó que estas órdenes pueden derivar en responsabilidad administrativa y penal. La oficial, actualmente de vacaciones, afronta una denuncia por abuso de autoridad y lesiones graves, mientras nueve agentes descartaron que la caída del suboficial fuera voluntaria. Las investigaciones continúan.
