Un informe de la Contraloría reveló que el proyecto de agua y desagüe en Congata II, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Uchumayo, presenta deficiencias graves en su diseño y funcionamiento, lo que generó un perjuicio económico de S/ 1 480 560. El estudio hidráulico se aprobó sin la evaluación adecuada, impidiendo que el sistema alcance la presión mínima requerida.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 011-2025-2-1315-AC, las irregularidades se registraron entre enero de 2021 y diciembre de 2022, periodo correspondiente a la anterior gestión municipal. El documento señala presunta responsabilidad penal y administrativa en tres exservidores de la comuna.
El informe detalla que los funcionarios aprobaron el adicional de obra sin evaluar adecuadamente el estudio de cálculo hidráulico. El mismo que presentaba inconsistencias que comprometieron el desempeño del sistema. Como resultado, la red de distribución de agua potable no alcanzó la presión mínima necesaria para garantizar un servicio adecuado para los vecinos de la zona. A pesar de esta situación, la municipalidad recepcionó la obra y aprobó su liquidación final. Todo sin comprobar el correcto funcionamiento del sistema hídrico, lo que derivó en pagos irregulares.
La Contraloría precisó que los pagos injustificados sumaron S/ 1 433 633, monto considerado como perjuicio directo. A ello se agregan S/ 30 667 por problemas en la construcción del reservorio de tanque elevado y S/ 16 260 por no aplicar penalidades contractuales, lo que agravó el daño económico. La obra, cuyo expediente técnico fue aprobado el 3 de mayo de 2021 por la Gerencia de Desarrollo Urbano bajo la modalidad de contrata, tenía un costo total de S/ 3 694 240 y un plazo de ejecución de 120 días.
No obstante, los trabajos iniciaron recién el 20 de diciembre de 2021 y, tras varias suspensiones y ampliaciones de plazo, culminaron el 28 de octubre de 2022. La recepción final ocurrió el 21 de diciembre del mismo año. El Órgano de Control Institucional (OCI) remitió el informe al actual alcalde, recomendando la intervención de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para iniciar las acciones penales correspondientes. Además, dispuso que el Órgano Instructor de la Contraloría inicie el proceso administrativo sancionador contra los presuntos responsables, a fin de esclarecer las responsabilidades y garantizar la reparación del daño causado.
