Al mismo estilo de los “Policías albañiles”, un grupo de soldados del Cuartel Mariano Bustamante —vestidos con uniformes de obreros y cascos amarillos— fueron puestos a disposición del circo “La Tarumba”, ubicado en el puente San Martín (Vallecito), para realizar labores de desmontaje de las carpas. Esto pese a que su función se limita a defender la soberanía nacional y brindar apoyo en emergencias.
Por este uso indebido del personal militar para fines privados, la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR) en coordinación con el Ministerio Público ejecutó un operativo en flagrancia que terminó con la detención de 30 militares del Ejército Peruano, a quienes se les investiga por peculado de uso.
Entre los detenidos se encuentran el coronel EP Marco Antonio Quispe Astete, jefe de la Tercera Brigada de Servicios del Cuartel Mariano Bustamante; y el técnico segundo EP Justo Palomino Quispe, conductor de la institución castrense. Ambos fueron intervenidos en el interior del cuartel ubicado en el distrito de Mariano Melgar, donde también se realizaron diligencias en paralelo.
Denunciados por peculado
Según el parte policial, el caso se originó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a cargo del fiscal provincial Manuel Aquino Flores. El denunciante alertó que un grupo numeroso de soldados —entre 20 y 30— realizaba estas tareas de desmontaje en la explanada donde operaba el circo.
Los trabajadores vestían mamelucos color plomo con azul y cascos amarillos para evitar ser reconocidos. No obstante, estos eran soldados que pertenecían a la Brigada de Servicios del Cuartel Mariano Bustamante. El hecho se configura como una utilización irregular de personal de tropa con fines distintos a los previstos por la Ley del Servicio Militar (Ley N.º 29248)..
En la denuncia, se solicitó que se disponga el seguimiento, la videovigilancia y revisión de cámaras de seguridad del cuartel para verificar si el personal de tropa había salido sin autorización. Además de requerir el registro de movimientos del día de la intervención.
Por estos hechos, la Policía Anticorrupción realizó una rápida acción de verificación. Al llegar a la avenida a la explanada circense, los agentes constataron que los soldados efectivamente realizaban labores de desmontaje de las carpas, manipulando estructuras metálicas, luces y carteles publicitarios.
Detenidos en flagrancia
Los soldados fueron sorprendidos por los agentes de la DIRCOCOR mientras cumplían tareas ajenas a sus funciones institucionales. Ninguno contaba con autorización visible ni documento que justificara su presencia en el lugar.
La intervención fue coordinada con el Ministerio Público, que dispuso la detención en flagrancia de los 28 soldados encontrados en el lugar. Posteriormente, los agentes se trasladaron hasta el Cuartel Mariano Bustamante, donde intervinieron al coronel Quispe Astete y al técnico Palomino Quispe, señalados como responsables de haber dispuesto la salida irregular del personal.
Los 30 detenidos fueron trasladados a la sede de la DIRCOCOR Arequipa, donde permanecen bajo investigación por la presunta comisión del delito de peculado de uso. Este está tipificado en el artículo 387 del Código Penal, por emplear recursos del Estado —en este caso, personal militar— para fines no institucionales.
El fiscal anticorrupción Manuel Aquino Flores dispuso las diligencias de ley. Entre ellas la toma de declaraciones de los efectivos involucrados, la revisión de registros de salida del cuartel y la solicitud de las grabaciones de seguridad de la zona. Esto con el fin de determinar la cadena de mando y las responsabilidades administrativas y penales.
Hasta el cierre de esta nota, el Ejército Peruano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la intervención ni sobre la situación del coronel Quispe Astete, quien permanece bajo custodia policial junto a los demás efectivos. Lo mismo ocurre con los promotores de La Tarumba que se acogieron al silencio. La Fiscalía evalúa solicitar medidas restrictivas contra los implicados, mientras continúa la recopilación de pruebas documentales y testimoniales.
