Por Augusto Santillana. Analista político
Dos aspectos a destacar a raíz de la matanza de Río de Janeiro, que acabó con la vida de más de 120 personas, indistintamente, entre pandilleros, polícias y transeúntes. El primero, la falta de una estrategia y/o planificación de lucha contra el crimen organizado, que se expone contundente en los resultados lamentables obtenidos. No se logró siquiera la captura de los dirigentes de la organización criminal denominada “Comando Vermelho”, sino que los abatidos, eran la “carne de cañón”. Los más inferiores en la línea vertical jerárquica. Todos hemos visto con espasmo las imágenes que exhiben una verdadera carnicería humana. Una guerra interna declarada que de seguro, el efecto, será el contrario a la paz y tranquilidad; más leña al fuego que atizará más violencia. Y, lo segundo, el completo divorcio entre el gobierno Ejecutivo o Federal y el Estado de Río. Pues, el operativo fue gestado y dirigido por el Gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, sin convocar la participación del gobierno del Presidente Lula Da Silva. Coincidencia, que el primero, sea de la derecha liberal o “bolsonarista” y el segundo, de izquierda y que ha anunciado que buscará la reelección. Lo que hace presumir, un cálculo político del fracaso del gobierno en la lucha contra el crimen organizado con miras a las elecciones generales del 2026.
Ignacio Cano, investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, alerta que América Latina es la región más letal del planeta, con una tasa de homicidios que cuadruplica la media global. Por eso, la seguridad pública es una preocupación capital y cotidiana para sus habitantes y, con ellos, para los políticos. Cano, uno de los pocos que ha evaluado el amplio abanico de medidas implantadas en las últimas décadas contra la violencia en la región, tiene conclusiones llamativas. “Colocar al ejército en las calles o eliminar a los líderes de los grupos armados puede ser contraproducente y elevar la violencia. Limitar el tráfico y posesión de armas, el flujo financiero y la venta de alcohol destacan entre las medidas más eficaces”.
A ello, debemos añadir, conformar y capacitar grupos de inteligencia estratégica, adoptar las nuevas tecnologías digitales en la lucha contra el crimen y derogar las normas “pro crimen” que aprobó el actual Congreso. Son medidas urgentes si queremos reducir el exponencial crecimiento de la delincuencia en nuestro país.
Es necesario y de seguro será así, que en la campaña electoral para las elecciones generales del 2026 en nuestro país, la seguridad ciudadana, será el tema principal a abordar. La seguridad interna, será el tema estrella en los planes de gobierno. Pero la repercusión de la matanza en Brasil —una de las peores causada por las fuerzas de seguridad en América Latina— trasciende fronteras y reaviva el debate sobre cómo combatir de manera eficaz el crimen organizado en la región más violenta del planeta.
El duelo entre los partidarios de la mano dura con golpes espectaculares y operativos gigantescos y los defensores de estrategias a mediano plazo más volcadas en tareas de inteligencia para asfixiar económicamente a los poderosos grupos que se arman como fieras con el dinero del narco vuelve al centro del debate político latinoamericano, sea en Brasil, en Perú, en México, en Chile. Ya hemos visto que los precandidatos, viene enarbolando ser los salvadores de la lucha contra el crimen organizado. Prometen orden, prometen seguridad. Pero varios de estos candidatos que actualmente tienen representación en el Congreso, apoyaron la dación de leyes que van en contra de sus propuestas de orden y seguridad. Con lo que ve que una cosa es lo que hacen y, otra, la que prometen hacer. Asimismo, fueron decisivos en el debilitamiento institucional de las principales instituciones públicas por convenir a sus intereses. Ante la reciente visita, del premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, señaló que se ha perdido la confianza en las instituciones, “Si se quiere prosperidad, futuro y oportunidades, se necesita un Estado que pueda ofrecer eso. Un gobierno que trabaje por el interés colectivo del pueblo peruano” y, las instituciones son representativas y cumple su verdadero rol, cuando se les dota de normas que le permitan cumplir su función y no manipularlas. Seamos coherentes en las acciones y propuestas.
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