El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, citó al gobernador Cláudio Castro para que rinda cuentas por la operación policial más letal en la historia de Brasil. Con al menos 132 muertos, la “Operación Contención” ha encendido alarmas dentro y fuera del país por la magnitud de la violencia y la falta de transparencia. La ONU pidió investigar si hubo violaciones graves a los derechos humanos.
El Supremo Tribunal Federal exigió que Castro comparezca el 3 de noviembre en Río de Janeiro para detallar cómo se ejecutó el operativo que arrasó los barrios de Alemão y Penha. La orden judicial busca esclarecer el uso de la fuerza, el número real de víctimas y las medidas de asistencia a los afectados. La intervención, destinada a desarticular al Comando Vermelho, terminó convertida en un episodio de violencia sin precedentes, que ha puesto en jaque la política de seguridad pública del estado.
De acuerdo con la Defensoría Pública, el operativo dejó 132 muertos, entre ellos cuatro policías, mientras que la versión oficial reduce la cifra a 119. La Policía reportó 113 detenidos —incluidos 10 adolescentes— y la incautación de 91 fusiles y drogas no especificadas. Las discrepancias en los datos han levantado sospechas sobre la transparencia del gobierno estadual, que aún no ha publicado la lista de víctimas. Vecinos y organizaciones denuncian posibles ejecuciones extrajudiciales y una estrategia de fuerza que ignoró los protocolos dictados por el STF en 2020 para evitar abusos en las favelas.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad de la operación y reveló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por el saldo mortal y “sorprendido” por la falta de coordinación con el gobierno federal. La acción se desarrolló exclusivamente bajo el mando del gobernador Castro, un aliado del expresidente Jair Bolsonaro. Para el STF, el caso será clave para definir los límites entre autonomía estatal y control judicial en materia de seguridad.
La ONU también reaccionó con dureza. António Guterres, secretario general, expresó “profunda preocupación” y recordó que toda intervención debe ajustarse al Derecho Internacional. La tragedia, que supera la masacre de Carandiru (1992), revive el debate sobre el uso de la violencia como política de control territorial. Con la mayoría de las víctimas aún sin identificar, Brasil enfrenta un nuevo examen sobre su respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas frente al abuso policial.
