El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, calificó de “inadmisible” la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el caso ‘Cócteles’ y detuvo la investigación y el juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Según el fiscal, la resolución contradice los fallos previos del Poder Judicial y responde a intereses políticos más que jurídicos. Advirtió que la decisión debilita la independencia judicial y sienta un grave precedente contra la lucha anticorrupción.
En declaraciones a Exitosa, Rafael Vela sostuvo que el fallo del TC “se arropa de argumentos de legalidad”, pero tiene un propósito político: garantizar la impunidad de Keiko Fujimori. Recordó que tanto la Corte Penal Nacional como la Corte Suprema ya habían rechazado los recursos presentados por la defensa de la lideresa fujimorista, lo que demuestra —según dijo— que la justicia ordinaria actuó conforme a derecho.
“¿Tantas personas se han equivocado en el Poder Judicial?”, cuestionó el fiscal, refiriéndose a las diversas instancias que validaron el proceso antes de llegar al Tribunal Constitucional. A su juicio, la sentencia vulnera la separación de poderes y refleja una preocupante injerencia política en los órganos judiciales más altos del país.
Vela advirtió que este tipo de decisiones debilitan los esfuerzos del Ministerio Público contra la corrupción y el lavado de activos, además de poner en riesgo futuras investigaciones por financiamiento ilícito de campañas electorales.
El Tribunal Constitucional, al justificar su fallo, argumentó la vulneración del principio de legalidad penal, señalando que los aportes privados a campañas en 2011 y 2016 no estaban tipificados como delito en ese momento. También mencionó la violación del derecho al plazo razonable, pues el proceso superó los diez años sin una resolución definitiva.
Asimismo, el TC sostuvo que no puede equipararse una finalidad política, como ganar elecciones, a un acto ilícito, descartando que los aportes recibidos por Fuerza Popular configuraran una organización criminal o lavado de activos.
