Mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) se presenta como el rostro visible de la lucha contra la delincuencia, dentro de sus propias filas —según la Fiscalía— se habría gestado un acto de complicidad con bandas criminales dedicadas al favorecimiento de la prostitución. Según la denuncia a la que tuvo acceso Revelación.pe, agentes y altos mandos policiales filtraron información secreta para sabotear operativos que, incluso, incluían detenciones de investigados por los delitos de trata de personas.
La grave acusación del Ministerio Público recae sobre el área Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía de Arequipa. Sucede que la titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas, Lissbeth Adriazola Begazo, puso en conocimiento del jefe de la Región Policial, general PNP Olger Benavides Ponce de León, estas irregularidades que hacen presumir la complicidad de un grupo de policías con el hampa.
El principal señalado es el comandante PNP Rolando Merino Alarcón, jefe de la unidad especializada, junto a otros agentes como los suboficiales S2 PNP Claribel Morales Sutta, S2 PNP Marcos Gómez Torres y S2 PNP Carlos Andrés Apaza Tovar.
Filtración de información
Según el Oficio Múltiple N° 04-2025-MP-FN-FISTRAP-AREQUIPA, enviado el 6 de octubre de 2025 al jefe de la Región Policial, las acciones irregulares que cometieron los mencionados efectivos no permitieron la ejecución de medidas limitativas de derecho tales como detención preliminar de Jackeline Irene Ticona Soncco, Mariela Juana Garcia Cruz, José Antonio Quispe Mendoza y Erick Yerson Patiño Agramonte y allanamiento del local denominado ‘Bar de La Coja’, ubicado en el distrito de Paucarpata y donde se favorecía al meretricio.
El documento además advierte que el personal policial del área Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Arequipa habría filtrado información sobre la investigación secreta a los afectados con las medidas limitativas de derechos (detención), frustrando la persecución penal y generando impunidad, presuntamente a cambio de dádivas y/o contraprestaciones.
Sucede que el 7 de agosto recibieron la denuncia. Y ese mismo día se inician las investigaciones, autorizándose acciones de televigilancia y OBVISE (Observación, Vigilancia y Seguimiento). El 29 de agosto, los suboficiales Andrea Sarmiento Padilla y Marcos Gómez Torres informaron a la fiscalía sobre los avances en la investigación. Allí dieron detalles sobre los implicados y la forma en que se ofrecían los servicios de meretricio. Y el 5 de setiembre los suboficiales Claribel Morales Suta, Marcos Gómez Torres y Carlos Andrés Apaza Tovar volvieron a informar a la fiscal sobre sus avances. Estos incluían la individualización de los implicados.
Al respecto, el 11 de setiembre, el comandante PNP Rolando Merino se comunicó con el fiscal a cargo del caso para consultar cuándo haría el requerimiento de detención. Y el fiscal le respondió que ese mismo día pedirían al juez la autorización, pero podría demorar.
Detención frustrada
La Fiscalía detalla la trama de la intervención frustrada. Tras obtener resoluciones judiciales de detención preliminar y allanamiento el 11 de septiembre y 15 de setiembre. Por lo que la coordinación para el plan de operaciones se hizo el 16 de setiembre, quedando que la intervención la harían para el 18 de septiembre. No está demás señalar que todo esto debía mantenerse en secreto. Y todo esto se hizo porque el suboficial PNP Carlos Andrés Apaza Tovar había asegurado que el local seguía funcionando, y que incluso él había ingresado.
No obstante, el comandante Rolando Merino Alarcón informó la tarde del 16 de septiembre se comunicó con el Fiscal para que se retrase el operativo para el 19 o 20 de setiembre. Esto alegando que tenía problemas logísticos y de personal. Finalmente se pactó el operativo para el 19 de setiembre.
Sin embargo, el 18 de setiembre, el propio Merino Alarcón acudió a la Fiscalía para comunicar que el local ya no atendía desde el 15 de setiembre y que los investigados ya conocían sobre el operativo desde el 13 de setiembre. Acusando incluso que dicha información se habría filtrado desde la propia fiscalía.
Tras esto, Merino Alarcón informó al día siguiente al fiscal que la dueña del local, Jackeline Irene Ticona Soncco acudiría al local para recoger sus pertenencias. POr este motivo el fiscal y su personal acudieron al local. Allí, en la calle pudieron constatar que el servicio de televigilancia y OBVISE no se estaba ejecutando, pese a que se mantenía vigente. Pero sí encontraron a la hermana de Jackeline Ticona y al dueño del local. Estos incluso tenían la foto de un memorandum del municipio de Paucarpata que comunicaba al personal de Fiscalización que el 19 de setiembre se realizaría un operativo con la Policía y la Fiscalía. Lo que sorprendió al fiscal, porque se supone que todo era secreto.
Luego, Jackeline Irene Ticona Soncco fue citada y en su declaración testimonial realizada el 29 de septiembre, afirmó haber sido alertada por las propietarias de locales aledaños que tienen amistad con policías que investigan casos de trata de personas. La investigada mencionó que fue alertada de su detención preliminar el 17 de septiembre. Sin embargo, también contó que ya no volvió a abrir desde el 7 de setiembre. Fecha en la que le dueño iniciaría refacciones en el local. Lo que es contradictorio sobre lo que los suboficiales encargados del seguimiento estaban informando al fiscal. Ya que afirmaron que al menos hasta el 15 de setiembre el local seguía operando con normalidad.
Denuncian sabotaje
Se acusa a los efectivos de haber buscado inducir a error al Despacho Fiscal a través de información falsa consignada en los actos de investigación especial autorizados. Ya que informaron que el local seguía en funcionamiento la semana anterior al 16 de septiembre, cuando la propia investigada declaró que había desocupado el local el 7 de septiembre para que el propietario realice trabajos de construcción. Esto fue corroborado por el dueño del inmueble.
En diálogo con Revelación.pe, la fiscal Lissbeth Adriazola Begazo confirmó las irregularidades cometidas por los agentes policiales. «Hubo filtración de información para la ejecución y también falsedad en los informes previos que nos enviaron. Entonces, se ha comunicado también de este hecho al general para que tome los correctivos pertinentes», dijo la fiscal a Revelación.pe
Añadió que el comandante Merino y otros oficiales estarían exigiendo a otras unidades policiales que se abstengan de intervenir locales nocturnos o asumir investigaciones preliminares secretas, alegando para ello ser promoción del General Jefe de la Región Arequipa. Esto también quedó plasmado en el Oficio Múltiple N° 1639-2025-MP-FN-FISTRAP-AREQUIPA, que envió la Fiscalía a la Región Policial el 15 de octubre reiterando los hechos.
Sigue impune
A pesar de la gravedad de las acusaciones y la reiteración del pedido de remoción, el jefe de la Región Policial de Arequipa admitió a Revelación.pe que el comandante Merino es compañero de su promoción, pero negó cualquier blindaje.
El alto mando policial, sin embargo, defendió la permanencia del comandante Merino en el cargo. «He dispuesto que ese caso pase al Departamento Contra la Corrupción (Dircocor) para que establezca una investigación. Yo tengo que tener un avance de la investigación para tomar una decisión sobre su separación. Tiene que haber algún sustento para separar a un oficial», indicó a este medio.
La Fiscalía, por su parte, reitera en sus oficios el riesgo que implica tener a personal policial con presuntos vínculos irregulares entre personal policial y propietarios de locales nocturnos vinculados a conductas criminales.
La filtración frustró la detención de los cuatro investigados, entre ellos la presunta conductora del local, Jackeline Irene Ticona Soncco, y demostró que la banda criminal habría sido advertida con tiempo suficiente para desocupar el local y evadir la acción de la justicia. Por eso, la entidad fiscal busca la remoción inmediata del comandante PNP Rolando Merino Alarcón y su personal para restablecer la confianza y la eficacia en la lucha contra la trata de personas y el favorecimiento a la prostitución.
