El Poder Judicial de Arequipa dictó medidas de protección urgentes en favor de una niña de cuatro años y su madre, luego de que se denunciara una presunta agresión ocurrida en el distrito de Quequeña. El juez Humberto Valdivia Talavera ordenó el retiro inmediato del presunto agresor, John Carlos Rodríguez Roca, del domicilio familiar y estableció restricciones severas en cumplimiento de la Ley N.º 30364, que protege a mujeres y menores víctimas de violencia.
El Décimo Tercer Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia Familiar resolvió actuar con celeridad al considerar que la menor enfrenta un riesgo grave e inminente. Según la denuncia, el pasado 16 de octubre, Rodríguez Roca habría golpeado a la niña con un cable de cargador de celular, provocándole lesiones físicas y un evidente daño emocional. Ante esta situación, el juez dispuso que el imputado no vuelva a ejercer ningún tipo de agresión ni se acerque a menos de 100 metros de las víctimas.
La resolución judicial también ordena la participación obligatoria del agresor y de la madre, Ana Sánchez Vargas, en el programa “Escuela para Padres”, orientado a fortalecer las capacidades de crianza responsable y libre de violencia. Además, la progenitora deberá incorporarse al programa “Construyendo Mujeres Protagonistas, Autónomas e Independientes”, que brinda acompañamiento psicológico, social y legal a víctimas de violencia familiar.
El magistrado Valdivia Talavera exhortó a la madre a cumplir estrictamente las disposiciones judiciales y a comunicar cualquier intento de contacto o amenaza. Asimismo, le prohibió cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, con el fin de garantizar la continuidad de las medidas de protección y el resguardo de la niña.
Estas acciones fueron adoptadas pese a que la madre inicialmente se negó a brindar declaraciones ante la Policía Nacional sobre los hechos de violencia. Sin embargo, el juzgado consideró la evidencia suficiente para actuar de oficio, priorizando el principio del interés superior del niño. El caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades penales y asegurar la protección integral de la víctima.
