Por Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
Las marchas del 15 de octubre, protagonizadas por jóvenes de la llamada “Generación Z”, marcaron un nuevo quiebre entre el Estado y la ciudadanía. Lo que comenzó como una protesta pacífica terminó con enfrentamientos, decenas de heridos y un fallecido, según la Defensoría del Pueblo (Infobae, 2025). Este hecho refleja la fragilidad del principio de autoridad en un país donde la legitimidad institucional se ha erosionado.
Una encuesta de Ipsos (2025) reveló que el 56 % de los peruanos culpa al gobierno por la inseguridad. Mientras que la confianza en el Congreso y la Policía no supera el 30 %. Esta pérdida de credibilidad genera un riesgo estratégico: sin autoridad legítima, la gobernabilidad se debilita y surgen actores paralelos —mafias, grupos ilegales o movimientos violentos— que llenan el vacío del Estado.
Desde la gestión de riesgos, la autoridad no se impone: se construye con credibilidad, anticipación y comunicación estratégica. La respuesta represiva agrava la crisis, pues debilita el vínculo social y expone al país a nuevas olas de conflicto. El ejemplo de Pataz, donde la minería ilegal desafía al Estado, muestra cómo la ausencia de control local puede escalar a amenaza nacional (Le Monde, 2025).
La salida no pasa por más fuerza, sino por gobernanza preventiva y visión prospectiva. Según el CEPLAN (2025), el debilitamiento institucional es uno de los principales riesgos nacionales. Recuperar autoridad implica fortalecer instituciones, garantizar investigaciones imparciales y aplicar políticas de seguridad ciudadana basadas en proximidad, mediación y tecnología predictiva.
Si el Estado no reconstruye su autoridad con legitimidad, el riesgo no será solo político, sino estructural: una sociedad sin confianza se vuelve ingobernable. El desafío es restaurar el respeto sin autoritarismo, consolidar el orden sin violencia y proyectar un liderazgo que inspire estabilidad y futuro para el Perú.
