El Poder Judicial rechazó dictar impedimento de salida del país por 36 meses contra la vacada expresidenta Dina Boluarte, investigada por presunto lavado de activos. El juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, concluyó que la Fiscalía no presentó elementos suficientes que acrediten una sospecha simple reforzada del delito ni peligro de fuga.
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que los aportes depositados en la cuenta mancomunada abierta por Boluarte no demuestran procedencia ilícita. Según señaló, los involucrados afirmaron que el dinero —alrededor de quince mil soles— provenía de sus salarios y fue transferido íntegramente para cubrir la reparación civil del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. “Si es de su sueldo, es un dinero limpio; no se puede ensuciar a través de una donación”, indicó.
Asimismo, Valdez precisó que no constituye delito que militantes de un partido político contribuyan al pago de una deuda judicial. En ese sentido, descartó que Boluarte se haya beneficiado económicamente o que haya retenido los fondos. También desestimó la versión fiscal que vinculaba los depósitos con la organización “Los Dinámicos del Centro”, al no existir sentencia ni prueba que confirme dicha conexión.
En cuanto al riesgo de fuga, el juez consideró que los viajes internacionales realizados por la exmandataria se dieron únicamente en ejercicio de sus funciones como jefa de Estado. Añadió que su comportamiento procesal ha sido colaborativo y que no hay evidencia de intención de evadir la justicia.
La defensa de Boluarte, encabezada por el abogado Juan Carlos Portugal, celebró la decisión y afirmó que el fallo confirma la inexistencia de delito. La Fiscalía, por su parte, anunció que apelará la resolución.
Aunque la expresidenta superó este primer requerimiento, aún enfrenta un segundo pedido de impedimento de salida por 18 meses, en una investigación paralela por presunta negociación incompatible vinculada a sus cirugías estéticas.
