El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de las actividades de explotación del proyecto minero Tía María, a cargo de Southern Perú Copper Corporation. La decisión se formalizó a través de la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM, emitida el 13 de octubre de 2025 en Lima, pese a que no existe licencia social de la población.
La resolución, firmada por el director general de Minería, Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz, señala que la empresa ha cumplido con todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros (Decreto Supremo 020-2020-EM). En ese marco, el documento aprueba el plan de minado y autoriza el inicio de la fase de explotación en los derechos mineros Chanca 919, Malena I y III, Tía María 2, 8, 18 y 19, ubicados en el distrito de Cocachacra, epicentro del prolongado conflicto social.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) sostiene que Southern Perú acreditó la propiedad del terreno superficial donde se desarrollará el proyecto y que su operación se ampara en la Resolución Directoral N.° 392-2014-MEM/DGAAM, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como en la Resolución Jefatural N.° 030-2018-SENACE-JEF/DEAR, que otorgó conformidad al primer Informe Técnico Sustentatorio. Ambos instrumentos garantizan la viabilidad ambiental y técnica del proyecto.
Sin licencia social
Según la resolución a la que accedió Revelación.pe, el Minem concluye que “no corresponde iniciar procedimiento de consulta previa”, argumentando que en la zona de influencia directa “no hay presencia de pueblos indígenas u originarios”, en aplicación de la Ley 29785 y su reglamento. Es decir, pasaron por alto la aprobación de la población que tiene influencia en la zona (Cocachacra).
El gobierno, al justificar la autorización, sostiene que el proyecto cumple con todas las exigencias normativas y que no existen impedimentos legales para su ejecución. No obstante, la población mantiene desde hace más de una década una postura firme de rechazo a Tía María, argumentando que la actividad minera amenaza la agricultura y los recursos hídricos de la zona. Las múltiples protestas, enfrentamientos y muertes registradas en años anteriores evidencian que el conflicto social sigue latente.
La autorización también dispone que Southern Perú cumpla con las normas de seguridad y salud ocupacional, así como los compromisos ambientales establecidos en su EIA. Además, ordena notificar la decisión a los organismos fiscalizadores como OSINERGMIN, OEFA, SUNAFIL, SENACE y SUCAMEC, para el seguimiento correspondiente.
