En la histórica sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, jueces y expertos de distintas regiones del país alzaron la voz con un reclamo claro: sin presupuesto, la justicia ambiental no podrá avanzar. Durante el VII Congreso Internacional sobre Justicia Especializada, las autoridades judiciales pidieron al Estado asumir con seriedad la defensa del medio ambiente y crear instancias capaces de sancionar los delitos ecológicos que hoy se esconden tras el poder económico y la indiferencia política.
El juez supremo Javier Arévalo Vela, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Ambiental del Poder Judicial, fue directo al señalar que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben comprometerse con la creación de juzgados, fiscalías y dependencias especializadas. “Sin recursos no hay justicia ambiental posible”, advirtió, al recalcar que los delitos ecológicos requieren una respuesta técnica, científica y con respaldo institucional.
Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, destacó que la ciudad blanca se convierta en sede de este evento internacional justo en el año en que la institución celebra su bicentenario. Afirmó que el congreso no solo tiene un carácter académico, sino que simboliza el compromiso ético de los servidores públicos con la protección del planeta.
Iscarra subrayó que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas exigen un Poder Judicial fuerte y con herramientas modernas. “Nuestro deber es renovar el compromiso con una justicia transparente, sostenible y con sensibilidad humana”, expresó, enfatizando que la sostenibilidad debe ser un principio rector en toda decisión judicial.
Durante tres días, más de 150 jueces, fiscales y operadores de justicia, junto a especialistas nacionales e internacionales, debatirán sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial frente a la impunidad de los crímenes ambientales. En este espacio se buscarán conclusiones y estrategias para fortalecer la articulación entre instituciones y garantizar que la justicia llegue también a los bosques, ríos y comunidades afectadas por la depredación ambiental.
