Por Javier Huaraya y Roberth Orihuela
La falta de supervisión en la obra “Mejoramiento de la transitabilidad en la vía departamental AR-109, en los distritos de Majes, Lluta y Huambo (Caylloma)” ya está generando problemas. Y es que la empresa ejecutora, Consorcio Majes 4, utiliza materiales de construcción provenientes de canteras no autorizadas para el desarrollo de la vií. Además, están obteniendo agua para la obra de un punto no autorizado. Esto pese a que el expediente técnico señala con precisión las únicas fuentes permitidas para la dotación de material de construcción. Y además hubo tramos que se hicieron sin estudios arqueológicos.
Todo ocurre ante la permisividad del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que hasta hoy no ha designado una empresa supervisora externa para fiscalizar la ejecución, pese a que la Ley de Presupuesto exige que los proyectos que superan los 4 millones 300 mil soles deben ser supervisados. Así, el contratista hace y deshace sin que nadie le diga nada, pues, como ya lo había señalado un informe de la Contraloría, los inspectores asignados no son suficientes y tampoco cuentan con el equipamiento necesario para realizar sus propios análisis de la vía. Tal es así que se limitan a dar conformidad a todo lo que la constructora les muestra como avance.
Tiene conocimiento
En junio, los propietarios de las canteras incluidas en el expediente técnico —Raúl Díaz Polanco, Carlos Cuti Rufo y Helber Olaechea Carnero— enviaron una carta al gobernador Rohel Sánchez Sánchez, advirtiendo que el consorcio estaba extrayendo material de lugares no aprobados.
“El Consorcio Majes 4 está sacando material de otra cantera que no cuenta con aprobación del Gobierno Regional, ni permiso del Ministerio de Cultura o Medio Ambiente. Actualmente no hay supervisión y el consorcio avanza de manera irregular”, se lee en la Carta N.° 258 dirigida al gobernador.
Los denunciantes recuerdan que, para aprobar una cantera, se exige un estudio ambiental y arqueológico, además de análisis de calidad del material. Solo aquellas que cumplen con los requisitos son inscritas en el expediente técnico. Pese a ello, Majes 4 decidió proveerse de agregados más baratos para reducir costos, violando las especificaciones técnicas. Lo que además no garantiza la calidad de la obra.
La carta también advierte que, de continuar estas prácticas, podrían generarse conflictos sociales en la zona. Los comuneros de Huambo y los dueños de las canteras veían cómo el beneficio económico acordado se desvanecía, mientras el consorcio operaba sin control por la evidente omisión de la gestión del gobernador.
Se hacen los ciegos
En septiembre, al no recibir respuesta, los mismos empresarios enviaron una segunda carta al gerente general del GRA, Berly González Arias, reiterando las irregularidades. Esta vez, el tono fue más severo con respecto a la comunicación anterior.
“En mi cantera ubicada en la progresiva 21+600, aprobada por el Gobierno Regional, aparecieron nuevas canteras justo al lado, pero sin permiso del ANA, ni del Ministerio de Cultura, ni están en el expediente técnico. El consorcio quiere dejarme de lado, como está haciendo con las demás”, señala la misiva que ingresó por mesa de partes el 22 de septiembre.
El documento denuncia que el inspector de obra, designado por el Gobierno Regional, no cuenta con equipos de topografía ni de mecánica de suelos, por lo que resulta imposible verificar los avances o la calidad de los materiales usados. “No sé cómo mandan a un inspector sin ningún equipo. El consorcio está trabajando en tres frentes: Pedregal, Querque y Huambo, pero ¿cómo se pagan valorizaciones sin comprobar los avances?”, se cuestiona.
Las denuncias coinciden con los hallazgos previos de Contraloría, que ya había alertado sobre la ausencia de supervisión técnica y la falta de control en las canteras y fuentes de agua. El informe del órgano fiscalizador concluyó que los inspectores no tenían las herramientas mínimas para certificar la correcta ejecución.
Acusa omisión del GRA
En diálogo con Revelación.pe, el propietario de la cantera N.° 1, Raúl Díaz Polanco, confirmó que nunca se le compró un solo metro cúbico de material, a pesar de que su cantera fue aprobada oficialmente por el GRA en el expediente técnico.
“Desde que empezó la obra, los señores del consorcio no han acatado mi nombre para darles el agregado. Han buscado material donde les ha salido más barato, sin análisis de suelos ni de granulometría. Mi cantera pasó todas las pruebas, pero no me compraron nada”, afirmó.
También reveló intentos del consorcio por pagar precios ínfimos, muy por debajo del valor establecido en el expediente. Primero le ofrecieron S/ 1.50 por metro cúbico, incluyendo IGV. Luego subieron a S/ 3.50. Pero el expediente fija el precio en S/ 6 sin IGV. Esto con el fin de abaratar costos a costa de incumplir la ley.
El empresario agregó que ya entregó fotos y videos al abogado que representa a los propietarios de canteras, como prueba de la extracción irregular en zonas no autorizadas. Sin embargo, las autoridades regionales continúan haciéndose de la vista gorda.
¿Roban agua?
Todo esto además quedó documentado en el Acta de Inspección Nº 001-2025 realizado en la obra, realizado el 27 de agosto, al que tuvo acceso este medio. Donde además se deja constancia que el Consorcio Majes 4 está sacando agua de una fuente no autorizara ubicada en el kilómetro 11 desde saliendo de El Pedregal (Majes). Esta es el canal de regadío que lleva agua hacia las Pampas de Majes. El propio consorcio reconoce que no tienen permiso y que recién están tramitándolo ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Esto a pesar de que el expediente de la obra determinó dos puntos de agua autorizados para el proyecto, ubicados en los kilómetros 33 y 68 de la vía. Fuentes indicaron a este medio que el hecho de sacar el agua de otro punto altera el presupuesto que ya estaba asignado para esa partida. Es decir, el flete de los camiones cisterna. Al sacarlos de una fuente más cercana y sin autorización, la empresa se ahorra esos costos fijos que ya están determinados en el expediente. «En todo caso, si se quiere cambiar los puntos de agua, también se deben recalcular los fletes y eso debería hacer disminuir el presupuesto de la obra. Ese dinero que se ahorran debería reducirse del presupuesto de la obra y devolverse al gobierno regional», explicó una fuente interna.
Otro punto clave es que la obra no contaba, al menos hasta el 27 de agosto, con un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA). El problema, indicó el contratista, es que el GRA no acuerda quién debería pagar por estos estudios. En tanto, ya hay tramos que se hicieron sin estos estudios.
No saben nada
Ante esta situación, Revelación.pe buscó la versión oficial de los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa. El gerente de Infraestructura, Fabián Enríquez Mamani, alegó desconocer el tema porque su reincorporación a las filas de la institución ocurrió hace apenas algunos días atrás.
“A mí no me ha llegado ninguna comunicación al respecto. Lo que se tiene que verificar es que el ejecutor cumpla con el expediente técnico. Si no lo está haciendo, deben implementarse medidas correctivas”, declaró.
Por su parte, el gerente general, Berly González Arias, reconoció que la ausencia de una supervisora externa dificulta el control del millonario proyecto, pero aseguró que los inspectores designados por su institución cumplen las mismas funciones. Aunque esta versión contrasta con los hallazgos de la Contraloría.
“Al haberse frustrado la firma del contrato con la supervisora, estamos preparando un nuevo proceso. Pero los inspectores cumplen las mismas funciones que el supervisor”, dijo. Sin embargo, esa afirmación es falsa y peligrosa. La Contraloría precisó que la figura del inspector no reemplaza la labor de supervisión, ya que carece de independencia y de los instrumentos técnicos para fiscalizar. En este caso, ni siquiera contaban con equipos básicos.
Peligro en la calidad
Por su parte, el consejero regional César Huamantuma fue tajante al respecto. Para él, la omisión del GRA podría derivar en una obra de mala calidad, similar a lo ocurrido en la vía Pampacolca. “La ausencia del supervisor y el uso de materiales que no pasaron ensayos puede comprometer la durabilidad de la vía. Cada material tiene un comportamiento distinto. Por eso se hacen estudios técnicos. Si no se cumple, el resultado será un camino que se destruye al poco tiempo”, advirtió.
La situación refleja una grave omisión en la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Esta obra millonaria avanza sin supervisión, contratos deficientes y escaso control de calidad. El caso Majes–Huambo no es una excepción, sino la regla. El riesgo es claro: una carretera construida con material no autorizado, sin supervisión y con un expediente técnico que nadie respeta.
