La Procuraduría Pública del Congreso de la República apeló la resolución judicial que dispone otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo, con vigencia desde el 8 de diciembre de 2022 y con todos los beneficios inherentes a dicho derecho. La decisión judicial, emitida por el juez constitucional de Lima, Alexis Anicama, declaró fundada la demanda de amparo que presentó la defensa del exmandatario en mayo de 2024 contra el Parlamento.
En su recurso, el área legal del Congreso solicitó que el fallo sea revocado y, en su lugar, se declare improcedente o infundada la acción interpuesta por Castillo. Según el procurador, la sentencia carece de sustento y no corresponde otorgar este beneficio en las condiciones planteadas.
De ser admitida la apelación, el caso deberá ser elevado a una sala constitucional de Lima, que programará una audiencia virtual con la participación de ambas partes antes de emitir una decisión definitiva. Este procedimiento busca determinar si corresponde mantener la medida inicial o, por el contrario, rechazarla.
El juez Anicama fundamentó su fallo en el principio de igualdad. Señaló que en casos similares, como el del expresidente Alberto Fujimori, ya se había otorgado la pensión vitalicia bajo el amparo de la Ley 26519, por lo que no reconocerla a Castillo implicaría un trato desigual. La resolución abrió un intenso debate jurídico y político sobre el alcance de los derechos de los expresidentes procesados o condenados.
Mientras tanto, el Congreso insiste en que la sentencia afecta sus competencias y sienta un precedente riesgoso para la interpretación de beneficios a exmandatarios. En los próximos días, la sala constitucional deberá definir si respalda la postura del Parlamento o si ratifica la decisión que favorece a Pedro Castillo.
