El regidor de la Municipalidad Provincial de Caylloma, Juan Wenceslao Ccallo Llallacachi, fue denunciado ante la Comisaría de Chivay por el presunto delito de acoso sexual. La denuncia fue presentada por una joven de 22 años, exreina de belleza de la provincia. Ella relató haber sido víctima de insistentes mensajes y llamadas a través WhatsApp.
De acuerdo al parte policial N.° 31068 895, la denunciante afirmó que el acoso se inició en febrero de 2023. Pero que no pudo presentar la denuncia en ese momento debido a que ocupaba un cargo de exposición pública y temía represalias, así como el poder político del regidor. La joven indicó que recién pudo formalizar su denuncia en noviembre de 2024, cuando empezaron a circular en redes sociales fotografías y un video que la vinculaban falsamente como pareja del funcionario.
Según su testimonio, durante varios meses recibió mensajes insistentes y llamadas del concejal. Incluso, el 26 de noviembre de 2024 recibió cuatro llamadas desde un número desconocido. Además de mensajes en los que él intentaba desligarse de la difusión del material que circulaba en redes. La víctima señaló —en el parte policial— que entregará estas pruebas a las autoridades.
El caso tomó mayor relevancia cuando representantes de artesanas del Colca hicieron público el parte policial durante una sesión del Concejo Municipal de Caylloma. La denuncia fue derivada a la Comisión de la Mujer, con el pedido expreso de investigar y sancionar al regidor denunciado. Sin embargo, hasta la fecha no se han adoptado medidas internas y se denunció un presunto “blindaje” a favor del regidor.
Por el momento, el caso se encuentra en etapa de investigación y no existe aún una resolución judicial. Sin embargo, la existencia de la denuncia pone en la mira la conducta del regidor y la respuesta de sus colegas regidores. A quienes se acusa de no brindar las garantías necesarias para que la víctima sea escuchada y protegida.
En Caylloma, la indignación crece y la población exige que la justicia avance sin presiones políticas. Este caso se ha convertido en un test de confianza hacia sus autoridades, quienes deberán demostrar si están del lado de la legalidad y las víctimas, o del encubrimiento y la impunidad.
