Tras la publicación de este medio y los intentos desesperados del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por justificar la ausencia de una supervisora en la obra vial Majes–Lluta–Huambo, quedó en evidencia que la gestión de Rohel Sánchez desatendió la Ley de Contrataciones del Estado y optó por mantener una inversión de S/ 185 millones en manos de inspectores internos sin capacidad técnica ni legal para fiscalizar.
La gravedad de la situación se hizo pública el pasado viernes, cuando el Consorcio Majes 4, a cargo de la ejecución, emitió un comunicado a sus obreros anunciando la paralización «hasta nuevo aviso» de las obras. Este cese abrupto dejó en vilo a al menos 150 obreros de Construcción Civil y expuso el desorden administrativo del GRA, que bajo la gestión del gobernador Rohel Sánchez, acumula ya serios problemas en obras insignia.
Sin supervisor
El antecedente de este colapso se encuentra en una contravención legal fundamental. La Ley de Contrataciones del Estado es taxativa: las obras públicas que superan el valor referencial de S/ 4 millones 300 mil deben contar obligatoriamente con una empresa supervisora externa. Más aún, la norma señala que esta supervisión debe ser contratada como máximo 90 días después de iniciado el proyecto.
La obra Majes-Huambo, con un valor de más de S/ 185 millones, inició su ejecución en junio de 2025. Al vencerse el plazo de 90 días en septiembre, el Gobierno Regional de Arequipa no había logrado formalizar la contratación del supervisor. Esta omisión, que dura ya más de tres meses, dejó la obra en un vacío legal, siendo este el motivo de la decisión del Consorcio Majes 4 de suspender las labores.
Si bien el GRA intentó contratar el servicio, el proceso colapsó. El Consorcio Supervisor Caylloma, ganador de la buena pro por S/ 6.4 millones, no pudo firmar el contrato. La gestión regional canceló la adjudicación tras una sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en contra de una de las empresas que lo conformaban, RBG Ingenieros SAC, por falsificación de documentos, dejando el proyecto sin un supervisor idóneo ni legalmente viable.
Tras la caída del proceso de selección y con el plazo de 90 días ampliamente superado, el GRA sigue ejecutando la obra de S/ 185 millones a través de la figura de un inspector de obra. Este es un funcionario público de la propia entidad, en una clara y repetida contravención a la ley que exige a la entidad un control externo y especializado por el monto de la inversión.
No hacen caso
Esta práctica irregular ya había sido advertida. La Contraloría General de la República emitió el Informe de Hito de Control N° 10141-2025-CG/GRAR-SCC, señalando que el GRA estaba contraviniendo la ley al usar inspectores incluso cuando la valorización acumulada se acercaba peligrosamente al tope de S/ 4.3 millones, límite legal para el uso de esta figura temporal.
Pero el informe de Contraloría fue más allá de la legalidad de la figura, documentando las graves deficiencias operativas del control. Detalló que el equipo del inspectores opera con un déficit de personal crucial (se requieren 8 profesionales para trabajos topográficos, pero solo se asignaron 4). Y, lo que es peor, carecen de los equipos topográficos que la entidad esta obligada a proveer. Es decir, no tienen los equipos necesarios para supervisar los trabajos.
El escándalo de la fiscalización se elevó al revelarse que el propio equipo de inspección se vio forzado a hacer uso de equipos de laboratorio y topografía del Consorcio Majes 4, el contratista al que debía fiscalizar. Esta dependencia operativa del equipo inspector respecto del ejecutante elimina cualquier atisbo de imparcialidad y control real.
La consecuencia directa de esta débil fiscalización fue igualmente advertida por el organismo de control. El inspector, pese a sus severas limitaciones de personal y equipo, procedió a aprobar diez (10) planos de replanteo presentados por el contratista. La Contraloría alertó que al no contar con equipos de topografía independientes, la ejecución podría considerar «mayores metrados no justificados», lo que generaría un sobrecosto millonario y un perjuicio al erario público.
Tratan de justificarse
A pesar de la paralización de la obra y el severo informe de Contraloría, el GRA intentó minimizar la falta de supervisión. El jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, José Sulpicio Choque Cuno, salió públicamente a defender la continuidad del proyecto con inspectores.
La justificación del funcionario carece de todo sustento legal. Argumentó que un «supervisor o inspector, tiene la misma competencia, la misma responsabilidad». Esta afirmación es totalmente falsa, pues la Ley de Contrataciones del Estado diferencia claramente las figuras, exigiendo el supervisor externo y especializado para obras de gran cuantía como esta. El funcionario además contradijo los hechos, negando la paralización de la obra
Además, defendió que la permanencia del inspector es una medida temporal tomada «por el riesgo económico» de paralizar los trabajos. No obstante, esta supuesta salvaguarda del erario ignora que el riesgo económico mayor lo genera la ausencia de un control legal y técnico independiente para una inversión de S/ 185 millones. La falta ha sido tan grave que su oficina se limitó a designar al nuevo inspector, José Luis Cama Castillo, mediante un simple memorándum.
Incurrieron en falta
El abogado especialista en temas municipales, Jorge Sumari Buendía, fue categórico al analizar la posición del GRA. Para el jurista, la decisión de avanzar sin supervisión externa es un «problema de legalidad» insoslayable para una obra que busca garantizar las mejores condiciones con eficiencia calidad y seguridad para el Estado.
Sumari Buendía enfatizó que el inspector, por más capaz que sea, «legalmente no está limitado» y «no está vinculado legalmente para la labor» que exige la cuantía del proyecto. En consecuencia, el especialista señaló que esta omisión de contratar al ente fiscalizador constituye una inconducta funcional de parte del gerente (Berly Gonzáles Arias) por no asegurar la garantía técnica y legal que la ley ordena.
La crisis administrativa y legal se trasladó al Consejo Regional. Mientras el consejero César Huamantuma Alarcón calificó la omisión como «grave» y pidió la intervención inmediata de la Contraloría, el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Osías Ortiz Ibáñez, optó por una justificación política del accionar del Gobierno Regional.
Defiende la gestión
Ortiz justificó la continuidad de la obra con el inspector pese a la infracción a la ley. Alegó que los funcionarios tienen que medir el riesgo y decidir si paralizan la obra o no, ante la caída del proceso de licitación. Esta postura minimiza el incumplimiento de la ley, situando la necesidad de avance o el riesgo de daño físico de la obra por encima de la obligación de cumplir la normativa de contrataciones.
El mencionado consejero defendió que si la inspectoría está funcionando adecuadamente con los profesionales y las capacidades, el riesgo va a ser bajo. Sin embargo, esta afirmación es directamente refutada por el informe de Contraloría, que ya demostró que el equipo de inspectores carece de las capacidades y equipos necesarios, elevando el riesgo de mala calidad de la obra.
Ya cobraron millones
Es crucial recordar que, a pesar de las irregularidades y del avance físico reportado en el portal Invierte.pe de apenas 5.5%, el Gobierno Regional ya ha girado más de S/ 58.9 millones en favor del Consorcio Majes 4 por concepto de adelanto directo y adelanto de materiales. Este importante desembolso económico contrasta dramáticamente con la falta de fiscalización legal que garantice su correcta inversión.
La paralización de la vía Majes – Lluta – Huambo no es un simple contratiempo, sino la dolorosa consecuencia de un desacato a la Ley de Contrataciones del Estado por parte del GRA, previamente advertido. Al ignorar la obligación de contratar una supervisora, la gestión de Rohel Sánchez ha puesto en riesgo una inversión de S/ 185 millones y ha abierto la puerta a un inminente perjuicio económico para el Estado. Por lo que las acciones legales y administrativas contra los funcionarios responsables se perfilan como inevitables.
