El oro ilegal en Perú dejó de ser un fenómeno marginal: mueve tanto dinero como la minería formal. Un informe de Bank of America, con datos del Instituto Peruano de Economía, calcula que en 2025 estas exportaciones alcanzarán 12 mil millones de dólares, el 4 % del PBI nacional. La cifra, cuatro veces mayor a la registrada en 2019, refleja un crecimiento acelerado y una amenaza directa a la economía legal.
El estudio advierte que la magnitud del negocio ilícito incluso podría estar subestimada. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, señaló que en el peor escenario la exportación ilegal igualará a la formal, y en el mejor, la superará. La minería ilegal se consolida así como un actor económico de peso, mientras la capacidad del Estado para controlarla se reduce.
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) ya había alertado sobre el blanqueo del oro en plantas procesadoras que crecieron en número. Las mismas que hoy figuran entre las principales exportadoras, pese a no contar con minas propias. Esa dinámica facilita que el metal extraído fuera de norma ingrese al circuito formal. Maquillando sus orígenes y generando ganancias millonarias sin control tributario ni ambiental.
El economista y exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, explicó la dimensión del problema: en 2024 se produjeron 90 toneladas de oro, pero se exportaron 170. “Se está exportando mucho más oro del que se produce en el país”, advirtió. A su juicio, se trata del momento de mayor brecha entre producción y exportación registrado en la historia reciente.
Las regiones más golpeadas por esta expansión son Cusco, Apurímac, Piura, Ica y Arequipa. El auge de los precios del oro y del cobre desde 2019 incentivó la multiplicación de esta actividad ilícita. Sin embargo, la raíz también está en el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera. El mismo que en más de una década apenas logró regularizar al 2 % de mineros inscritos. A ello se suma la reducción presupuestal: la partida destinada a combatir la minería ilegal cayó de 90.8 millones de soles en 2024 a 70.6 millones en 2025. Lo que debilita aún más la capacidad de respuesta estatal.
