Mientras el gobernador Rohel Sánchez abre camino para que el proyecto minero Tía María empiece a ejecutarse en el valle de Tambo, el Ministerio Público mantiene la investigación en su contra por la entrega irregular de terrenos en las Lomas de Cachendo a favor de Southern Perú. Precisamente, el 10 de septiembre de 2025, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata dispuso ampliar por 90 días la investigación preliminar que pesa sobre el mandatario y sus exfuncionarios.
La investigación se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Fulgencio Ruiz Herrera, quien advirtió la omisión de funciones en el manejo de tres predios del ecosistema frágil de Lomas de Cachendo, actualmente ocupados por la minera. Según la denuncia inicial, los acusados no adoptaron las acciones necesarias para recuperar la administración y posesión de estas áreas, pese a que existían normas que lo exigían.
Los investigan
El caso, registrado en la Carpeta Fiscal N.° 503-2025-1770-0, tiene como centro los terrenos de Pampa Cachendo, en los distritos de Cocachacra y Mejía, provincia de Islay. Allí, Southern Perú obtuvo servidumbres para accesos e instalaciones auxiliares vinculadas al proyecto Tía María, aunque solo uno de los tres predios recibió formalidad administrativa en 2018.
De acuerdo con la disposición inicial, la resolución que aprobó la servidumbre de 49 hectáreas nunca fue inscrita en el Registro de Predios de Sunarp. Esa omisión impidió que el Estado cobre impuestos o arbitrios municipales por el uso del suelo, configurando un perjuicio económico.
Los otros dos predios permanecen en posesión de la empresa minera desde 2014 bajo condición de servidumbre provisional. Según las actas de entrega, Southern debía asumir gastos de agua, electricidad, mantenimiento y tributos, obligaciones que, según la denuncia, nunca cumplió.
Pese a estos incumplimientos, las autoridades regionales —Rohel Sánchez y sus exgerentes— no actuaron para recuperar los terrenos. Esto derivó en la actual investigación por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, delito previsto en el artículo 377 del Código Penal.
Amplían diligencias
La nueva disposición fiscal, emitida el 10 de septiembre de 2025, precisa que se deben continuar las diligencias “a fin de que se determinen los hechos denunciados en relación con la no inscripción de la servidumbre, la ocupación de terrenos incompatibles con la zonificación ecológica y la inacción para recuperar la posesión de los predios”.
En ese sentido, la Fiscalía ordenó recibir la declaración del denunciante Fulgencio Ruiz Herrera, a fin de que ratifique su acusación y precise de qué manera los investigados no cumplieron con la obligación de inscribir la servidumbre en los registros correspondientes, permitieron la ocupación del terreno para una actividad incompatible con la zonificación ecológica y cuál es el perjuicio ocasionado.
Asimismo, se dispuso que el gobernador Rohel Sánchez y los exfuncionarios Norma Mamani Coila (exgerente general), Víctor Hugo Quispe Rodríguez (jefe de Planeamiento y Ordenamiento Territorial) y Luz María Torres Tejada (exjefa de Acondicionamiento Territorial) brinden su declaración en presencia de sus abogados defensores.
La disposición también ordena requerir documentación al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre el expediente administrativo de constitución de la servidumbre, así como copias certificadas de las partidas registrales de los predios cuestionados en la Zona Registral XII de Sunarp en Mollendo.
Además, la compañía minera tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en relación con el uso de los terrenos, incluyendo la zonificación, restricciones ambientales, inscripción de la servidumbre, pago de impuestos y regalías.
Eran zonas agrícolas
La denuncia contra Sánchez y sus funcionarios se agrava por el hecho de que, desde 2020, los predios en Pampa Cachendo fueron zonificados como áreas aptas para cultivos de frutales y cultivos perennes con potencial hídrico, condición incompatible con las actividades mineras previstas en Tía María.
El Decreto Supremo N.° 002-2016-VIVIENDA establece que, en estos casos, las entidades estatales deben dejar sin efecto la entrega provisional de terrenos en un máximo de 10 días. Sin embargo, según la carpeta fiscal, esta medida nunca fue aplicada.
Otro aspecto señalado en la disposición fiscal inicial es que las actas de entrega a Southern contenían una cláusula que permitía la revocación del uso del terreno en caso de incumplimiento de normas ambientales o legales. Pese a ello, el Gobierno Regional de Arequipa no ejecutó acciones para revertir la posesión de los predios.
La investigación cobra especial relevancia por tratarse de las Lomas de Cachendo, reconocidas como ecosistema frágil desde 2016 y con una extensión de más de 8 mil hectáreas. A pesar de esta protección, en 2018 la gestión de Yamila Osorio otorgó una servidumbre por 21 años a Southern, a cambio de 948 mil soles.
Un año después, el entonces gobernador Elmer Cáceres Llica anuló la servidumbre y ordenó la devolución de las tierras, pero la minera rechazó la medida y acudió al Poder Judicial, obteniendo un fallo favorable mediante una acción de amparo. Hoy, el proceso penal contra Sánchez se suma a esa larga disputa legal y política que enfrenta a Southern Perú con comunidades de Islay y sectores del Estado que defienden la intangibilidad de las Lomas de Cachendo.
Con la ampliación del plazo, el Ministerio Público busca esclarecer responsabilidades y establecer si el gobernador y sus funcionarios incurrieron en omisiones graves que facilitaron la permanencia de la minera en terrenos cuya vocación agrícola y protección ambiental estaban normativamente reconocidas.
