Las prácticas preprofesionales y profesionales son el primer paso de miles de jóvenes hacia el mercado laboral. Sin embargo, su cumplimiento está sujeto a normas específicas que buscan evitar abusos y asegurar que estas experiencias cumplan un propósito formativo real. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó que las modalidades formativas están reguladas por la Ley N.° 28518 y supervisadas por la entidad en todo el país.
La Sunafil subrayó que estas prácticas no generan vínculo laboral ni otorgan beneficios propios de los trabajadores, como CTS o gratificaciones. No obstante, sí confieren derechos específicos que deben respetar las empresas e instituciones receptoras. Entre ellos se encuentran la subvención económica mensual equivalente a S/ 1,130, media subvención adicional cada seis meses, descanso semanal obligatorio, feriados subvencionados y cobertura de salud mediante EsSalud o un seguro privado equivalente.
En cuanto a la duración, las prácticas preprofesionales pueden extenderse hasta seis horas diarias o 30 semanales, mientras que las prácticas profesionales alcanzan un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales. Los convenios deben celebrarse por escrito y registrarse ante el Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días de su suscripción, detallando datos básicos como duración, monto de la subvención y plan formativo.
La entidad fiscalizadora advirtió que, cuando se incumplen estas normas, se desnaturaliza la modalidad formativa y se considera relación laboral común. Además, las infracciones —como no pagar la subvención, exigir jornadas mayores al límite legal, omitir el seguro de salud o usar fraudulentamente la figura para encubrir empleo— son catalogadas como muy graves y pueden derivar en sanciones económicas significativas para las empresas.
Finalmente, la Sunafil exhortó a las organizaciones a cumplir estrictamente con las reglas establecidas, recordando que las prácticas son una oportunidad para formar talento y fortalecer la reputación institucional. Asimismo, instó a los jóvenes a denunciar de manera presencial o virtual cualquier incumplimiento, de forma gratuita y confidencial, para garantizar un entorno seguro y justo en sus experiencias formativas.
