El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, enfrenta una moción de censura en el Congreso por “falta de idoneidad, confianza y probidad”. La medida, respaldada por diversas bancadas, se debatirá en los próximos días y podría marcar un hecho inédito. Sería la segunda vez que sale del gabinete tras haber sido censurado en marzo de este año cuando dirigía el Ministerio del Interior.
El documento parlamentario, promovido por la congresista Susel Paredes, cuestiona duramente la designación de Santiváñez en el gabinete de Dina Boluarte. Esto a solo cinco meses de haber sido retirado del Ministerio del Interior por su gestión considerada “desastrosa” frente a la inseguridad.
Entre los argumentos destacan las cifras oficiales: los homicidios aumentaron en más del 30% entre 2023 y 2024; las denuncias por extorsión crecieron 438% desde 2019; y el 85,1% de la población urbana expresó temor a ser víctima de un delito a inicios de 2025. A ello se suma que 84% de ciudadanos señaló a la inseguridad como el principal problema del país.
La moción también detalla la complicada situación judicial del ministro. La Corte Suprema le impuso 18 meses de impedimento de salida del país por un caso de tráfico de influencias agravado. Además, afronta denuncias por abuso de autoridad, omisión de denuncia y su presunta implicancia en la fuga de Vladimir Cerrón. Un allanamiento reciente incluso lo vinculó como “pieza clave” de una organización criminal dedicada a manipular contratos públicos y proteger operaciones ilegales.
En su declaración jurada, el propio Santiváñez reconoció tener 12 carpetas fiscales abiertas por delitos como lavado de activos, malversación de fondos y encubrimiento personal. Para los congresistas, esta acumulación de investigaciones refleja “una pérdida total de confianza política y ética, incompatible con el cargo de ministro de Justicia”.
El Parlamento debatirá la moción de censura entre el cuarto y décimo día natural tras su presentación. Si se aprueba, Santiváñez se convertirá en el primer ministro en ser censurado dos veces por el mismo Congreso, lo que marcaría un precedente en la relación entre Ejecutivo y Legislativo.
