En su intervención ante la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, Dina Boluarte aseguró que su gestión coloca en primer plano a las familias peruanas. La mandataria habló de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el crimen organizado y la modernización del país. Pero la realidad interna contrasta con su discurso: las cifras oficiales del INEI revelan que la pobreza ha alcanzado a 9,4 millones de personas bajo su gobierno, lo que equivale a más de una cuarta parte de la población nacional.
El informe del INEI precisó que la mayor proporción de pobres se concentra en zonas urbanas, donde las carencias en servicios básicos se hacen más notorias por la densidad poblacional. Aunque los ingresos crecieron levemente en 2024, con un promedio de S/1.196 al mes por persona, la magnitud del problema muestra que ese avance resulta insuficiente para revertir la precariedad.
Los datos detallan que el incremento real de ingresos, equivalente a S/26, se dio en todo el país, pero con mayor fuerza en las ciudades intermedias. En Lima y Callao el aumento fue de 1,8%, mientras que en las áreas rurales apenas llegó al 1,1%. Aun así, el 27,6% de los peruanos sigue atrapado en la pobreza, lo que plantea un enorme desafío para las promesas de crecimiento y bienestar.
En la ONU, Boluarte advirtió sobre el impacto del crimen organizado y la violencia en las infancias. Denunció que la delincuencia transnacional utiliza métodos terroristas como extorsiones con explosivos y pidió que la comunidad internacional clasifique a estas mafias como organizaciones terroristas. Además, vinculó el narcotráfico y la minería ilegal con la destrucción ambiental y la esclavitud de comunidades enteras.
La mandataria también se presentó como defensora de un sistema multilateral basado en democracia y derechos humanos. Aseguró que su gobierno impulsa infraestructura moderna en puertos, aeropuertos y carreteras, junto a una “firme lucha contra la corrupción”. Asimismo, reafirmó que garantizará elecciones libres e imparciales, incluso mientras enfrenta acusaciones de sectores que la señalan de socavar la estabilidad democrática.
