La rescisión del contrato entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el Consorcio Vial Caylloma, que ejecutaba el proyecto vial Jachaña – Cayarani, parece ser solo la punta de un iceberg de corrupción. De otro modo, no se explica cómo es que la gestión del gobernador Rohel Sánchez devengó 28 millones 454 mil 120 soles a favor del privado y transfirió 9 millones 462 mil 577.21 soles a sus cuentas, pese a que no presentó ni siquiera el primer entregable del expediente técnico.
Para el consejero regional César Huamantuma Alarcón, lo ocurrido no es un error administrativo, sino la muestra de un presunto “faenón” con recursos públicos que se tejió en torno a este proyecto. Estos hechos irregulares fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción y se suma al amplio legajo de acusaciones fiscales contra Sánchez y sus funcionarios de confianza.
Pagos indebidos
El proyecto denominado “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal AA-670: Jachaña – Tamisapata – Viscavisca – Cayarani – Pte. Cayarani” fue adjudicado al Consorcio Vial Caylloma por un monto de 95 millones 743 mil 898.70 soles. El contrato N° 50-2025-GRA contemplaba dos componentes: la elaboración del expediente técnico (S/ 1 millón 118 mil 126.56 soles) y la ejecución de la obra (S/ 94 millones 625 mil 772.14 soles), bajo la modalidad de llave en mano.
Además, se establecieron claramente las condiciones de pago. Para la elaboración del expediente técnico se fijó un primer desembolso del 40% al aprobarse el primer entregable y un segundo del 60% a la validación del expediente definitivo. En paralelo, se estipuló que el adelanto directo de obra (10%) solo podía entregarse una vez aprobado el expediente técnico.
Sin embargo, los documentos oficiales revelan otra historia. Según la denuncia, pese a que el primer entregable fue reiteradamente observado por la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) y finalmente considerado como “no presentado”, el GRA procedió a devengar 28 millones 454 mil 120 soles y transferir S/ 9 millones 462 mil 577.21 a la cuenta del consorcio contratista.
Avance financiero de 29 %
El propio Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) da cuenta de esta irregularidad. Mientras que el avance financiero figura en un 29%, el avance físico del proyecto se mantiene en 0%. Es decir, en realidad no existe obra alguna ejecutada porque el contratista presentó un único entregable, en repetidas ocasiones, con múltiples observaciones que nunca fueron subsanadas.
Incluso, esta secuencia de entregas fallidas consta en la Carta Notarial N.° 075-2025-GRA/ORA, remitida por el jefe de Administración del GRA, Marvin Condori Almirón, al consorcio. Allí se señala que el 14 de julio de 2025 la empresa presentó su entregable N.° 01, pero el 8 de agosto la GRI lo devolvió alegando que no cumplía con el “contenido mínimo requerido”.
El contratista insistió el 21 de agosto con una nueva versión, que fue nuevamente devuelta el 28 de agosto con la misma observación. Finalmente, tras un tercer intento el 8 de septiembre, el documento volvió a ser rechazado el 12 de septiembre, fecha en la que además se resolvió el contrato. Estos detalles fueron publicados en un reciente informe publicado por Revelación.pe.
En manos de la Fiscalía
Pese a estas reiteradas observaciones, el GRA ya había ejecutado pagos millonarios antes descritos. En palabras del consejero Huamantuma, el Gobierno Regional puede resolver el contrato si la empresa no cumple, pero de ninguna manera tuvo que girar más de 9 millones de soles y, mucho menos, comprometer más de 28 millones de soles. “Lo que hemos encontrado es grave: hay un devengado por S/ 28 millones. Es decir, le dieron conformidad a todo como si hubiese avanzado algo”, explicó.
Aunque el gerente general del GRA, Berly Gonzales Arias, afirmó que los fondos no fueron transferidos directamente a la constructora y que permanecen en un fideicomiso, el propio MEF registra el giro del dinero fue a favor del Consorcio Vial Caylloma.
¿Dónde está la plata?
“El gerente dice que esa plata está en fideicomiso, pero la información del Ministerio de Economía y Finanzas muestra que la plata fue girada a nombre de la empresa. No me estoy inventando, sino que demuestren con pruebas que lo que yo digo es mentira”, precisó el consejero Huamantuma, tras interponer la denuncia penal.
Precisamente, la denuncia fue formalizada ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a través del Oficio N.° 2025-GRA/CR/CAHA. En el documento, Huamantuma expone los hechos como presuntos ilícitos contra la administración pública.
En concreto, los actos podrían configurar los delitos de Peculado Doloso Agravado (art. 387 del Código Penal), al haberse dispuesto indebidamente de caudales públicos en beneficio de un tercero, y Negociación Incompatible (art. 399 del Código Penal), por haberse autorizado pagos en contradicción con las cláusulas contractuales.
El consejero adjuntó copias del Contrato N.° 50-2025-GRA, la mencionada Carta Notarial N.° 075-2025-GRA/ORA, capturas de la consulta amigable del MEF y las bases estandarizadas de la licitación pública que sirvieron para adjudicar la obra. Principalmente se señala que los pagos y devengados “carecen de sustento contractual y técnico, lo que podría ocasionar un grave perjuicio económico al Gobierno Regional de Arequipa”.
Proyecto en el limbo
Otro riesgo que afronta la gestión de Rohel Sánchez es el inicio de un proceso de arbitraje por parte del Consorcio Vial Caylloma. De concretarse, el litigio paralizaría el proyecto por un plazo estimado mínimo de seis meses, aunque podría extenderse aún más dependiendo de la decisión arbitral. Un fallo adverso, advierten especialistas, obligaría a convocar una nueva licitación, lo que retrasaría de manera definitiva la obra e impediría que se concrete dentro del actual periodo de gobierno regional.
La obra Jachaña – Cayarani, cabe recordar, ya había generado polémica desde su licitación. El proceso de selección fue cuestionado por presuntas irregularidades en la evaluación de postores, aunque finalmente el consorcio fue declarado ganador.
Hoy, con el contrato resuelto y la denuncia en marcha, el caso se suma a la larga lista de proyectos cuestionados que arrastra el GRA durante la gestión de Sánchez. Ahora, la Fiscalía tendrá que determinar si existen elementos suficientes para abrir investigación formal por corrupción de funcionarios y, eventualmente, identificar a los responsables de autorizar los pagos.
