Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político. Mail: ocandia@unsa.edu.pe
La democracia como forma de gobierno es imperfecta, pero perfectible; es la forma de gobierno menos mala que la humanidad haya podido crear. El sustento filosófico de la democracia es la pluralidad. Y no se puede resumir la democracia a su concepto etimológico “gobierno del pueblo”, sino que tenemos que ir más allá; entender la democracia no solo como el método electoral, o la regla de la mayoría, sino con la protección de los derechos humanos, el respeto a la institucionalidad, el equilibrio de poderes, y en general como una forma de convivencia.
Los partidos políticos organizan la democracia, se convierten en los canales de participación ciudadana, permiten la concreción de la voluntad popular y representan el pluralismo político. Nuestra democracia es endeble, precaria, en buena parte porque somos una democracia sin demócratas. Tal es el caso, que “un fuerte porcentaje de peruanos preferirían una dictadura a una democracia, si es que ésta soluciona sus principales problemas”.
Frente a una historia republicana traumática, cargado de dictaduras civiles y militares; nuestro legislador, incorporó en la Ley de Organizaciones Políticas, Ley Nº 28094, en su art. 14 “Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática”. Que encarga a la Corte Suprema la competencia de declarar la ilegalidad de los partidos políticos, a pedido de la Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo. Este fue un error, un exceso que les facultó el legislador. Máxime, en un escenario donde la política esta judicializada y la justicia politizada.
Lo observamos todos los días, con la crisis institucional del Ministerio Público, con las denuncias armadas y/o forzadas sólo para hacer daño al adversario, y el rol protagónico que asume el Congreso en la administración de justicia. La intención pudo haber sido proteger la democracia frente a organizaciones que, bajo la fachada de partidos, buscaran dinamitarla desde adentro. Sin embargo, en la práctica, esta disposición es un error legislativo y un exceso normativo. Le otorga a los órganos de justicia una potestad con un fuerte sesgo político, abriendo la puerta a la judicialización de la política y, peor aún, a la politización de la justicia.
Podemos disentir de las ideas y de la forma como hace política Fuerza Popular, pero pretender su ilegalidad por conducta antidemocrática es un despropósito. Los fundamentos de la Fiscal de la Nación se sintetizan en “Promover atentados contra la integridad de magistrados, opositores políticos, periodistas (…) y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión. En resumen, un acoso sistemático contra personas que les parezcan incómodas. Promover la exclusión de congresistas de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia. Exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000). Legitimar violencia como método de para la consecución de objetivos políticos”. A todas luces, estos son argumentos políticos, que forzadamente podrían subsumirse dentro de las causales del artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos.
Esta pretensión de la Fiscalía de la Nación desdibuja su trabajo, la lleva al campo subjetivo, y convierte al Ministerio Público en un actor político. Lo cual es un error, pues le hace perder credibilidad. La mejor forma de lograr cancelar la inscripción de un partido político en el Registro de Organizaciones Políticas es en las urnas, con el voto ciudadano, esa es la sentencia que la da el pueblo.
