La gestión del gobernador Rohel Sánchez se enfrenta a un nuevo dilema. Tras la resolución del contrato por parte del consorcio La Joya II, con la ya constatada paralización de obras, del puente metálico Virgen de Chapi, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) corre contra el tiempo entre dos caminos inciertos: buscar una conciliación tardía o arriesgarse a concluir el proyecto por administración directa, una modalidad que ya fracasó en otras obras de gran envergadura.
Este revés ocurre tras la carta notarial que envió la contratista —el pasado 5 de septiembre— anunciando la resolución del contrato. El consorcio en mención atribuye tres incumplimientos del GRA que hicieron inviable la continuidad del proyecto por falta de financiamiento: La falta de pago de un laudo arbitral por más de 3 millones de soles, la falta de reconocimiento de una ampliación de plazo de 10 meses otorgada por el tribunal arbitral y la negativa a aprobar un adicional 10 para reforzar los pilares del puente. Estas condiciones fueron suficientes para dar por rota la relación contractual.
No saben qué hacer
Ante este escenario, el gerente general del GRA, Berly Gonzáles Arias, reconoció que la obra está en un momento crítico, pero aseguró que el Ejecutivo regional agotará la posibilidad de conciliar, a fin de evitar mayores dilaciones. “La obra está paralizada, pero queremos conciliar porque la obra está avanzada más del 95%. Si tenemos que pagar, vamos a pagar; pero también necesitamos establecer con suma claridad los plazos que se requieren para terminar este proyecto”, señaló.
De acuerdo a la norma, existe un plazo legal de 30 días para intentar un acuerdo antes que la resolución contractual quede consentida por completo. En esa línea, el funcionario señaló que realizan un análisis técnico que permita plantear soluciones viables para el contratista y la institución concedente. No obstante, existe la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado directamente por el Gobierno Regional de Arequipa, a través del mecanismo de administración directa.
“Tenemos que hacer un análisis técnico y legal. Esperamos que el contratista tenga la misma predisposición. Creo que debemos sentarnos para que se pueda terminar este proyecto. Lo que a nosotros nos interesa es la finalidad pública de culminar la obra. Si no logramos conciliar, vamos a activar otro mecanismo. En algún momento se pensó culminar la obra mediante administración directa”, manifestó.
Se enfrenta al consorcio
Pero el gobernador Rohel Sánchez adoptó un discurso más duro. Aunque también se mostró dispuesto a conciliar, dejó claro que no aceptará condiciones impuestas por el contratista. Esto pese a que el tribunal ya ejerció opinión sobre estos pedidos que fueron materia de la resolución de contrato.
“Esa obra la terminamos sí o sí. La empresa constructora tenía la intención de irse, estaba esperando que se le pague el arbitraje. No vamos a aceptar una ampliación de 10 meses de ninguna manera, eso no tiene sentido. También piden un adicional 10 para reforzamiento de los pilares, la empresa no nos va a poner condiciones de firmar una adenda, eso lo decidimos nosotros. Terminaremos de pagar lo que corresponde a gastos generales de acuerdo al arbitraje”, expresó.
El gobernador reiteró que el proyecto debe culminar como máximo en noviembre, ya sea de mano del privado o con la intervención del Gobierno Regional de Arequipa. “Vamos a sentarnos a negociar, si ellos quieren máximo les vamos a otorgar 60 días para culminar el proyecto, no 10 meses. Caso contrario, estaremos remitiendo una carta notarial para que entre en caducidad del contrato y vamos a retomarlo por administración directa. Con ellos o sin ellos, lo terminamos en noviembre”, advirtió.
Levanta polvo
La opción de la administración directa, sin embargo, generó alarma en el Consejo Regional. El consejero César Huamantuma Alarcón advirtió que esta modalidad ya fracasó en otros proyectos regionales y que podría poner en riesgo la seguridad del puente. Toda vez que no existe la garantía de un ejecutor.
“Preocupa la decisión de continuar por administración directa, porque finalmente la responsabilidad de la estructura del puente será del gobierno regional. ¿Qué va a pasar si las estructuras o pilares presentan fallas y ponen en riesgo la seguridad? ¿Quién asumirá esa responsabilidad? Solicitaremos la intervención de la Contraloría sobre el tema”, cuestionó, alertando que un puente de alto tránsito no puede concluirse con improvisaciones.
El trasfondo del conflicto revela la falta de previsión de ambas partes, pero sobre todo porque la actual gestión pudo prever este escenario. El consorcio rescindió el contrato cuando el plazo contractual ya estaba por vencer, mientras que el gobierno regional dejó que los reclamos sobre el arbitraje y las ampliaciones de plazo se acumularan sin una salida oportuna.
Además, la idea de que el GRA culmine la obra por administración directa es riesgosa y poco realista. Un puente que soportará tránsito pesado requiere garantías técnicas y responsabilidad estructural que difícilmente puede asumir un aparato regional debilitado por cuestionadas gestiones anteriores. En cualquier caso, la promesa de entregar el puente en noviembre luce cada vez más lejana y la obra, con un avance superior al 95%, sigue atrapada en la improvisación.
