La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) lanzó un duro pronunciamiento contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Esto tras el anuncio de denuncias contra magistrados que declaren inaplicable la Ley de Amnistía. El colectivo calificó estas acciones como una “injerencia inaceptable” que vulnera la independencia judicial y debilita la división de poderes en el sistema democrático.
JUSDEM recordó que los jueces cuentan con mecanismos constitucionales para ejercer control sobre normas que atenten contra derechos fundamentales. Tales como el control de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad. Para la asociación, estos recursos son esenciales frente a la Ley N.° 32419, aprobada recientemente por el Congreso, la cual consideran un retroceso en materia de derechos humanos. Además, advirtieron que desde el Ejecutivo se promueve un ambiente de hostilidad que socava la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
El gremio judicial también expresó su preocupación por los intentos de condicionar las decisiones en los tribunales. “Los jueces deben poder decidir sin presiones externas ni temor a represalias”, señaló la asociación, que llamó a la ciudadanía y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes frente a estas presiones. Subrayaron que sin independencia judicial no puede existir una verdadera democracia ni protección efectiva de los derechos fundamentales.
En respuesta, el ministro Santiváñez insistió en que se interpondrán denuncias contra los magistrados que rechacen aplicar la norma aprobada por el Congreso. Reafirmó su respaldo a la Ley de Amnistía al sostener que busca garantizar justicia a policías y militares procesados por su rol en la lucha antisubversiva, algunos con procesos que, según él, se han extendido por más de 40 años.
Sin embargo, el abogado Carlos Rivera desmintió esa versión. Explicó que las investigaciones contra miembros de las fuerzas del orden no se han prolongado por cuatro décadas, sino que fueron archivadas en los años noventa tras la Ley de Amnistía de Alberto Fujimori. Recién se reabrieron con la sentencia del caso Barrios Altos en 2001 y, en algunos casos, incluso en 2023. Con ello, el especialista cuestionó la narrativa oficial sobre procesos judiciales prolongados, señalando que la reapertura de casos responde a mandatos internacionales de derechos humanos.
