En regiones como Piura y Cajamarca, donde miles de ciudadanos se movilizaron hace años para proteger sus fuentes de agua, hoy la minería ilegal avanza sin control. Las mismas lagunas, ríos y manantiales que se defendieron en nombre de la vida y la agricultura están siendo degradados con químicos y relaves, en un contexto de permisividad estatal y silencios cómplices desde el poder político.
Localidades como Tambogrande, Cajamarca y Celendín, que alguna vez fueron símbolo de resistencia social contra proyectos mineros que amenazaban el agua, ahora son testigos del ingreso de operaciones que se presentan como “en proceso de formalización”, pero que funcionan al margen de la ley. Estas actividades contaminan fuentes destinadas al consumo humano y a la ganadería, degradan suelos agrícolas y destruyen ecosistemas estratégicos para la vida y la economía local.
El director de Inversiones Portuarias de Chancay (IPCH), José de Romaña Letts, advierte que las mismas fuentes de agua defendidas con marchas y bloqueos hoy están expuestas a la contaminación sin que exista una respuesta eficaz del Estado. Para los especialistas, la crisis no solo se explica por la ilegalidad, sino también por la incapacidad de las instituciones nacionales y regionales para implementar políticas de control y alternativas de desarrollo sostenibles para las comunidades.
A este vacío de autoridad se suma la complicidad de actores políticos que, lejos de enfrentar la minería ilegal, han facilitado su expansión. Un estudio del Centro Wiñaq señala que el 70,2 % de los peruanos cree que el Congreso respalda esta actividad ilícita porque recibe financiamiento o busca capital electoral. En paralelo, el gobierno central promueve normas que, en lugar de sancionar, legitiman la permanencia de operaciones que destruyen territorios.
El resultado es alarmante: la Amazonía avanza hacia una degradación irreversible, los ríos y lagos pierden su capacidad de sostener la vida, y las comunidades ven desaparecer sus recursos sin obtener beneficios económicos ni tributarios. Lo que debería combatirse desde la institucionalidad se termina legitimando desde el poder, consolidando un círculo de impunidad que amenaza con perpetuar la crisis ambiental y social en el país.
