El malestar de los docentes contratados del Centro de Idiomas de la UNSA ya no cabe en silencio. Pese a que la universidad decidió elevar las pensiones que pagan los estudiantes, los profesores siguen enfrentando retrasos de hasta cuatro meses en el pago de sus honorarios.
A través de una carta formal dirigida al director del centro, Erik Belzú Herrera, los profesores demandaron soluciones inmediatas. Los educadores recordaron que la normativa vigente establece plazos claros: la conformidad del servicio debe darse en un máximo de diez días hábiles, el devengado en cinco días posteriores y el giro del pago en un máximo de 30 días calendario. Sin embargo, aseguran que estos procedimientos no se cumplen, lo que evidencia —según denuncian— deficiencias administrativas y financieras en la universidad.
La situación se vuelve aún más crítica porque, pese a que los contratos de locación se suscribieron formalmente, los docentes no reciben de manera oportuna la notificación de la orden de servicio ni el número de registro en el sistema SIAF. Esto genera incertidumbre sobre la fecha real de inicio de labores y constituye una vulneración al principio de transparencia.
En su carta, los docentes solicitaron un informe detallado sobre el estado de sus expedientes de pago. Además de la identificación de los cuellos de botella que generan los retrasos y la implementación de mecanismos correctivos que garanticen la fluidez del proceso administrativo-financiero.
Otro de los reclamos centrales es el aumento de sus remuneraciones. Los firmantes sostienen que las pensiones de los estudiantes se incrementaron recientemente, lo que representa un ingreso adicional para la UNSA. Pese a ello, sus honorarios se mantienen congelados y no reflejan la carga laboral ni las condiciones económicas actuales marcadas en sus jornadas.
La carta también advierte que la demora sistemática en los pagos generó perjuicios irreparables para varios docentes, vulnerando su derecho constitucional a una remuneración justa y oportuna. Enfatizan que la Constitución y la Ley de Contrataciones del Estado reconocen el principio de equidad y proporcionalidad en la retribución del trabajo. Una situación que —a su juicio— no se estaría cumpliendo en el Centro de Idiomas.
Los docentes remarcan que la correcta ejecución de los procesos logísticos y administrativos no solo es una obligación legal, sino también un requisito esencial para preservar la buena reputación de la universidad y la calidad del servicio que ofrece a la comunidad.
“Exigimos medidas inmediatas que aseguren la sostenibilidad de nuestro trabajo y una retribución justa por el servicio prestado”, concluyen en su comunicación, en la que advierten que continuarán vigilantes al cumplimiento de sus derechos.
