El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sentenció a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión. Esto por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La decisión, adoptada por mayoría de 4 a 1 en la Primera Sala del STF, considera al exmandatario como jefe de una organización criminal que buscaba perpetuarse en el poder mediante la ruptura del orden democrático.
El fallo contra Bolsonaro lo respaldaron los magistrados Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino. El único voto en contra fue el de Luiz Fux, quien se opuso a que el STF llevara adelante el proceso. Con esta decisión, el exmandatario no podrá apelar la sentencia ante el pleno del tribunal.
La condena no recae únicamente sobre Bolsonaro. Exfuncionarios de alto rango, incluidos exministros y jefes militares, también fueron sentenciados. Tales como Alexandre Ramagem (16 años), Almir Garnier (24 años), Anderson Torres (24 años), Augusto Heleno (21 años), Paulo Sérgio Nogueira (19 años) y Walter Souza Braga Netto (26 años). Mauro Cid, exasesor presidencial y colaborador en las investigaciones, también figura entre los condenados.
Según la Fiscalía General, la conspiración comenzó en junio de 2021 con una campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral, dirigida por Bolsonaro. La estrategia incluyó protestas masivas, campamentos frente a cuarteles y atentados frustrados tras la victoria de Lula en octubre de 2022. El clímax se produjo el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron el Congreso, el Palacio de Planalto y la propia Corte Suprema en un intento de impedir la investidura del líder progresista.
El juez Zanin, presidente de la Primera Sala y exabogado de Lula, fue quien emitió el voto decisivo. En su fundamentación, aseguró que las pruebas demuestran que Bolsonaro y sus aliados planearon “romper el estado democrático de derecho” con el fin de instaurar una dictadura en Brasil. La sentencia ahora debe pasar a la etapa de ejecución, en la que se definirá la modalidad de cumplimiento de las penas para el expresidente y sus antiguos colaboradores.
