Indecopi sanciona a Interseguro por incumplir pago de SOAT

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó una sanción contra Interseguro Compañía de Seguros S.A. por no atender dentro del plazo legal la solicitud de indemnización de una víctima de accidente de tránsito en Chiclayo. La mujer, que resultó con una invalidez parcial del 90%, debía recibir cobertura del SOAT, pero la aseguradora incumplió su deber de brindar un servicio oportuno, lo que derivó en una multa de 22.97 UIT y en la orden de pagarle el monto correspondiente más los intereses acumulados.

La historia se remonta a noviembre de 2021, cuando la afectada viajaba como pasajera en un vehículo que sufrió un accidente en Chiclayo, región Lambayeque. El siniestro dejó daños físicos graves y permanentes que cambiaron su vida. Dos años después, en noviembre de 2023, inició el trámite ante Interseguro para acceder a la indemnización por invalidez parcial que contempla el SOAT.

La normativa establece que las aseguradoras deben responder en un plazo máximo de diez días hábiles. Sin embargo, Interseguro no notificó ninguna resolución válida dentro de ese periodo. El Indecopi verificó esta omisión y la calificó como una falta de idoneidad en la prestación del servicio, ya que dejó a la consumidora en incertidumbre y retrasó injustificadamente el acceso a un beneficio económico que le correspondía por ley.

El organismo de protección al consumidor determinó que la aseguradora debía pagar S/17,820 por concepto de indemnización, además de los intereses generados desde el vencimiento del plazo hasta el desembolso efectivo. La multa impuesta, de 22.97 UIT, equivalente a S/122,889.50, consideró la gravedad de la infracción y la condición de vulnerabilidad de la víctima.

La resolución del Indecopi envía un mensaje claro al sector: el SOAT fue diseñado para dar cobertura inmediata a las víctimas de accidentes de tránsito y no puede convertirse en un trámite burocrático que prolongue el sufrimiento de los asegurados. El organismo enfatizó que las empresas tienen la obligación de actuar con eficiencia, transparencia y dentro de los plazos, sobre todo cuando se trata de ciudadanos en situaciones críticas.

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