Por Augusto Santillana. Abogado y analista político
De conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, “El Presidente de la República remite al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto Público dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año”. Es así, el Poder Ejecutivo oficializó dentro de ese plazo, la entrega por mesa de partes del Congreso de la República, del Proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026. Esto junto con los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público. Los que en conjunto representan la proyección de la política financiera y presupuestal en la asignación de recursos públicos, su programación y ejecución del gasto público. Así como el equilibrio necesario entre el gasto proyectado en relación al ingreso público por recaudaciones de impuestos, esencialmente.
El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, asciende a un total de S/ 257,562 millones. Lo que representa un incremento de 2.2 % respecto al presupuesto institucional de apertura de 2025. Esta decisión, que tiene como objetivo, impulsar la ejecución de obras en infraestructura educativa, salud, transporte y seguridad ciudadana, así como fortalecer los programas sociales. Además del aseguramiento salarial de toda la burocracia estatal, en un año electoral, se prevé congraciar los reclamos de mejoras de pensiones y otros pagos adeudados con un monto que asciende a S/. 93,500 millones, que representa un incremento de 11.8% más que el destinado para el presente año (S/83,655 millones).
Desde el gobierno, se asegura que el Proyecto de Presupuesto 2026 se ha diseñado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit de 1.8 % del PBI. Desde el inicio asigna recursos a los gobiernos regionales y locales, reduciendo la necesidad de transferencias durante la ejecución. En este marco, el presupuesto de los gobiernos regionales se incrementa en 8.6 %, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387, crece en 3.0 %.
Debemos señalar que desde el año 2022 al año 2025, el Presupuesto Público ha tenido un incremento sostenido del 20%. Lo que no se ve reflejado en la mejora de los servicios públicos, educación, salud, servicios básicos de agua y desague, pistas. La inseguridad ciudadana se ha maximizado a niveles de descontrol.
Sin embargo, la finalidad de la descentralización, recogida en el artículo 3 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, “…el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población”, no se viene cumpliendo, por la deficiente ejecución del gasto en estas instancias.
Lo que significa que para asegurar lo que se llama el presupuesto basado en resultados, no basta la asignación de mayores recursos. Sino, que los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, asuman su verdadero rol en el ejercicio de sus funciones y competencias y no cedan al populismo. Que el gobierno regional, ejecute obras públicas de impacto regional o interprovincial, las municipalidades provinciales, ejecuten obras de impacto urbano provincial, y los distritos, las obras más inmediatas y de impacto local. Y en función a ello, seleccionen a sus profesionales técnicos y se optimicen los controles previos y concurrentes para detectar y denunciar actos de corrupción en la ejecución de obras públicas. Lo que deja un doble perjuicio irreparable al Estado, no solo por la coima del 10% sino, por la mala ejecución de las obras al dárselas a “los amigos” que no saben nada de ejecución de obras pero son expertos en la “mordida” y el soborno.
