Por Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
El comunicado del Gobierno, calificando como “inaceptable” la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la ley de amnistía aprobada por el Congreso, no es un hecho menor. Más allá del cruce legal, se trata de una situación que compromete la imagen del país y su relación con el sistema internacional de derechos humanos. Lo que está en juego no es solo una diferencia de criterios jurídicos, sino la forma en que el Perú se proyecta hacia el futuro.
Si se analiza desde la gestión de riesgos, aparecen amenazas en varios frentes. En el plano político, el mayor peligro es que el Perú quede visto como un país que se distancia de sus compromisos internacionales. Revisar o incluso abandonar el Sistema Interamericano podría debilitar la confianza de nuestros socios estratégicos y limitar acuerdos en ámbitos tan delicados como la seguridad, la justicia o la cooperación ambiental. En el plano social, un discurso confrontacional con organismos internacionales puede reforzar la desconfianza de los ciudadanos hacia el Estado y reabrir heridas de la violencia interna de los años 80 y 90. Un pasado que aún pesa en la memoria colectiva.
La mirada de la inteligencia estratégica permite identificar que el costo reputacional es uno de los riesgos más altos. En un mundo interdependiente, incumplir o relativizar compromisos internacionales se traduce en pérdida de influencia. La prospectiva, por su parte, invita a preguntarnos: ¿qué escenarios puede enfrentar el Perú si debilita su relación con la Corte IDH? Uno es el refuerzo de discursos soberanistas que insisten en “decidir solos”. Otro, más complejo, es el aislamiento diplomático y una reducción de legitimidad ante la comunidad internacional. Lo que incluso podría afectar la inversión y la cooperación en desarrollo.
Lo esencial es comprender que la soberanía no está reñida con el cumplimiento de obligaciones internacionales. Al contrario, puede fortalecerse a través de ellas. Reconocer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la pacificación del país es justo, pero hacerlo con medidas que tensan nuestros compromisos externos puede terminar debilitando la posición estratégica del Estado.
El desafío no es responder con declaraciones inmediatas, sino gestionar con visión de futuro. Eso significa anticipar escenarios, reducir vulnerabilidades y actuar con inteligencia estratégica. Solo así el Perú podrá honrar su historia, garantizar justicia para quienes defendieron al Estado y, al mismo tiempo, mantener su legitimidad frente a la ciudadanía y el mundo.
