El Ministerio Público aperturó oficialmente una indagación fiscal contra el exgerente general, Johan Cano Pinto. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la dirección del fiscal Jaime Israel Callisaya Gutiérrez. Este dispuso diligencias preliminares el 4 de septiembre de 2025.
La investigación inicia luego de la filtración de mensajes de WhatsApp que se difundieron públicamente por Revelación.pe. En esas conversaciones, Cano habría discutido la destitución de Fabián Enríquez, entonces responsable de la Gerencia de Infraestructura. El propósito sería de controlar directamente esa oficina y orientar proyectos de gran envergadura como Huambo, Jacaña y Cabrerías.
La reacción del exfuncionario fue presentar su renuncia inmediata al cargo. Lo justificó como la necesidad de no interferir con la marcha de la gestión regional. Antes de ello intentó entregar su celular a la Fiscalía como muestra de colaboración. Aunque su ofrecimiento fue rechazado porque la ley exige un procedimiento formal para la incautación de equipos electrónicos.
Desde el lado político, el gobernador Rohel Sánchez defendió públicamente a su exfuncionario. En declaraciones a los medios calificó la difusión de los pantallazos como una maniobra política, “una patraña” y un “espectáculo”. Y atribuyó la filtración a personas interesadas en competir en las elecciones regionales que se avecinan. Aunque luego renunciaron y tuvo que suplir los puestos.
Con la apertura de la investigación preliminar, la Fiscalía busca establecer si existen pruebas que sustenten un presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Esta etapa procesal permite recopilar información, realizar pericias y tomar declaraciones para decidir si corresponde pasar a una acusación formal o archivar el caso.
El contexto en que se desarrolla este episodio no es menor, pues los proyectos viales en cuestión, por su magnitud presupuestal, son considerados estratégicos para la conectividad de la región. Por ello, cualquier sospecha de direccionamiento o manipulación política pone en entredicho la legalidad del proceso y amenaza con retrasar obras esperadas.
Si la Fiscalía encuentra elementos suficientes, se podría iniciar un proceso penal con graves consecuencias para Cano y, por extensión, para la gestión de Rohel Sánchez. De lo contrario, el caso podría cerrarse, aunque las dudas sobre la transparencia de las decisiones públicas probablemente persistan.
