Un testigo protegido reveló cómo Juan Santiváñez, cuando era ministro del Interior, decidió mantener en funciones al general PNP Gregorio Villalón Trillo. Esto pese a que debía pasar al retiro en diciembre de 2024. La maniobra se habría coordinado con el coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal y con el abogado Marco Palacios Meza. Ambos piezas clave de un esquema que, según la Fiscalía, habría operado como una organización criminal con intereses directos en la mina El Dorado, en Ayacucho.
La versión fiscal sostiene que la permanencia de Villalón no fue casualidad ni resultado de méritos profesionales, sino una decisión calculada desde el despacho ministerial. Según el testigo protegido, Santiváñez incluso planteó un dilema a Tenorio: escoger entre Villalón o el general David Villanueva Yana. El coronel en retiro no dudó y se inclinó por Villalón, su compañero de promoción, con el argumento de que “podría apoyarnos”.
Días después, la decisión se materializó. Mientras retiraban a Villanueva por conveniencia, Villalón continuó al frente de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP. Este era un cargo estratégico para las operaciones que se venían. Apenas ratificado en el puesto, Villalón lideró una intervención policial en la mina El Dorado, en Lucanas, Ayacucho, cuyos dueños estaban representados por Tenorio. La operación buscó desalojar a mineros artesanales, en una acción que la Fiscalía describe como un “operativo por encargo”.
El relato del testigo protegido añade cifras al esquema: Tenorio habría cobrado 160 mil dólares al empresario Franco Parodi, uno de los dueños de la concesión minera. La negociación se habría cerrado en la oficina de Tenorio, en San Isidro, con la presencia de otros actores políticos. El vínculo entre Santiváñez, Tenorio y Villalón se consolidaba no solo en lealtades de promoción policial, sino también en intereses económicos directos.
La Fiscalía apunta a que la decisión de blindar a Villalón respondió a una lógica de favores cruzados y pagos encubiertos. Tanto él como Villanueva estaban procesados por homicidio calificado por la represión a las protestas de 2022 y 2023. Pero fue Villanueva quien salió de escena. Santiváñez, hoy implicado en la investigación junto a Tenorio, ha rechazado las acusaciones y acusa a sectores del Ministerio Público de operar como una “organización criminal” contra él.
