El líder opositor y suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recuperó la libertad este viernes 29 de agosto luego de permanecer casi tres años en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en El Alto. La decisión judicial se produjo después de que diferentes tribunales anularan las medidas cautelares en cuatro procesos abiertos en su contra.
Camacho, de 46 años, abogado y empresario, deberá ahora cumplir arresto domiciliario en su ciudad natal. Fue una de las principales figuras en las protestas de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales, tras las denuncias de fraude electoral. Desde entonces, el oficialismo lo acusó de terrorismo, cohecho y seducción de tropas en el caso denominado “golpe de Estado I”.
En paralelo, enfrentaba otros expedientes. Entre ellos, la compra irregular de un carro bombero durante su gestión como gobernador y la investigación por el decreto que firmó al inicio de su mandato. A ello se sumaba el proceso abierto por los 36 días de huelga que encabezó en 2022.
A su salida del penal, Camacho ondeó una bandera verde y blanca de Santa Cruz y aseguró en un video difundido en sus redes sociales: “Cumplí mi palabra: ni vendido ni cobarde. Viva Santa Cruz”. También se abrazó con algunos efectivos policiales en la entrada del establecimiento penitenciario.
El Tribunal Supremo de Justicia había ordenado revisar si se habían excedido los plazos legales de su reclusión. Camacho permanecía detenido desde diciembre de 2022 sin sentencia firme, situación que encendió críticas nacionales e internacionales sobre el uso de la prisión preventiva en Bolivia.
El dirigente anunció que planea reasumir la gobernación de Santa Cruz, cargo del que fue apartado y que quedó en manos de su excolaborador Mario Aguilera. Su liberación ha sido interpretada por sectores opositores como un giro en el escenario político tras las elecciones presidenciales del 17 de agosto, en las que Rodrigo Paz se impuso en primera vuelta.
Por ahora, Camacho volverá a su región bajo vigilancia judicial, con el compromiso de enfrentar los procesos pendientes sin abandonar el país.
