La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, lleva cuatro días en huelga de hambre seca en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Su abogado, Raúl Noblecilla, denunció que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estaría dilatando el proceso de traslado penitenciario. Lo que —según afirma— pone en riesgo inminente su vida.
El letrado informó que el expediente de traslado de Chávez fue devuelto para una nueva evaluación por parte de la jefa de seguridad del penal. Funcionaria que, de acuerdo con la defensa, enfrenta denuncias por presuntamente integrar una organización criminal. Noblecilla sostuvo que esta medida es una maniobra burocrática que busca impedir que su patrocinada sea trasladada a un establecimiento donde no sufra abusos.
En el documento firmado por Víctor Hugo Niquen Flores, subdirector de Seguridad Penitenciaria, se señala que el informe presentado carece de fundamentos técnicos. Por este motivo dispone que se elabore uno nuevo a cargo de la jefatura de seguridad del penal. “No hay duda de que el régimen busca eliminar a Betssy Chávez. Se acerca el final. La han sentenciado a muerte”, expresó Noblecilla a través de la red social X.
Chávez, quien cumple prisión preventiva por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, enfrenta un estado de salud crítico. Un informe médico del INPE advirtió que, de continuar sin ingerir alimentos ni líquidos, su vida correría un riesgo extremo y le quedarían apenas dos días de resistencia física.
Por su parte, el INPE emitió un comunicado en el que aclara que la propia Chávez rechazó someterse a los controles médicos realizados por el personal de salud del penal. Según la entidad, la interna fue informada sobre las consecuencias de su decisión y firmó el consentimiento informado, negándose en reiteradas oportunidades a la atención médica.
