El Poder Judicial de Cusco resolvió que el parlamentario Alejandro Soto Reyes, actual congresista de Alianza Para el Progreso, deberá asumir el pago de una reparación civil cercana a los S/ 400 mil por un caso de estafa. La decisión se da en el marco de un proceso iniciado por la empresa Transportes Wayna Picchu S.A., que lo acusó de incumplimiento de servicios profesionales y de vender un terreno con sobreprecio.
La jueza Marleny Olivares Tapia, del Tercer Juzgado Unipersonal de Cusco, estableció que Soto cobró S/ 11 mil por la elaboración del estatuto de la empresa, un servicio que nunca llegó a prestar, razón por la cual deberá pagar S/ 20 mil de reparación civil. Además, como asesor legal, participó en la venta de un predio en Ayayrmaca Pumamarca, adquirido meses antes por apenas 5 mil dólares y vendido luego a Transportes Wayna Picchu S.A. por 265 mil dólares.
Por este hecho, el legislador deberá pagar solidariamente junto a Mario Sequeiros Fajardo, entonces gerente de la empresa, la suma de 215 mil dólares, lo que equivale a un monto cercano a los S/ 400 mil. La resolución precisa que esta obligación responde a la responsabilidad civil derivada del caso, más allá de lo penal.
Cabe recordar que el proceso penal por el delito de estafa quedó prescrito en 2023 tras la aplicación de la Ley 31751, conocida como “Ley Soto”, impulsada por el propio parlamentario junto a otros congresistas. Dicha norma redujo los plazos de prescripción, lo que permitió archivar el proceso penal.
Sin embargo, la vía civil para reclamar una reparación económica permaneció vigente, lo que permitió a la empresa continuar con su demanda. La sentencia se encuentra en primera instancia, por lo que aún puede ser apelada antes de quedar firme.
