El futuro penitenciario de Martín Vizcarra dio un giro inesperado. El INPE informó que el exmandatario será trasladado al penal Ancón II, conocido como Piedras Gordas II. Esto pese a que en un inicio se había definido su ingreso a Lurigancho. El cambio obedece a criterios de seguridad y se oficializó en la Resolución Directoral N.° 411-2025-INPE/ORL. Además se anuló la primera clasificación de la Junta Técnica del Establecimiento Transitorio de Lima por presentar irregularidades.
El organismo penitenciario aseguró que Ancón II cuenta con condiciones para garantizar la integridad del exmandatario. Y señalaron que el ambiente destinado “brinda la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y psicológica”. Con este argumento, el INPE busca cerrar las dudas en torno al cambio de penal, que se produjo en un contexto marcado por cuestionamientos a la transparencia del proceso de clasificación.
La primera junta que evaluó el caso se declaró inválida al no ajustarse a la normativa vigente. Este detalle, aparentemente técnico, abrió un debate sobre la discrecionalidad con la que se manejó la decisión inicial de enviar a Vizcarra a Lurigancho. El propio INPE confirmó la nulidad y anunció la conformación de una nueva junta para reevaluar la situación. Lo que terminó derivando en el traslado hacia Ancón II.
Las críticas no tardaron en aparecer. José Luis Pedraza, exjefe del INPE, consideró incomprensible que, tras anular la primera clasificación, no se ratificara la permanencia de Vizcarra en el penal de Barbadillo, donde cumplía detención preventiva. A su juicio, la anulación parecía encaminada a un resultado predefinido. Este era mover al exmandatario de un espacio bajo resguardo a un penal de mayor rigor, sin que se expliquen claramente los motivos de fondo.
La resolución directoral autoriza la ejecución inmediata del traslado, lo que significa que el ingreso de Vizcarra a Ancón II puede ocurrir en cualquier momento. Pedraza recordó que este tipo de disposiciones no dependen de horarios administrativos: “Emitida la resolución, el traslado es inminente”. Con ello, el expresidente se convierte en el último jefe de Estado en sumarse a la lista de mandatarios peruanos procesados o condenados que terminan en un establecimiento penitenciario, un símbolo del turbulento escenario político y judicial que vive el país.
