En el distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos (Arequipa), la empresa minera OREX enfrenta una huelga indefinida acatada por alrededor de 500 trabajadores sindicalizados que exigen un incremento remunerativo. La medida de fuerza, iniciada esta semana, fue declarada procedente por el Ministerio de Trabajo, lo que la sitúa dentro del marco legal.
La protesta responde a la falta de voluntad de la empresa para atender el pliego de reclamos presentado en el proceso de negociación colectiva. El punto central de la disputa es el incremento de los salarios, que hasta el momento no ha tenido una respuesta favorable de la compañía minera.
El abogado de los trabajadores, César Ordóñez, explicó que el sindicato presentó un pedido formal, pero la empresa no mostró disposición de diálogo. “Hay una resistencia de la compañía, sobre todo de su representante máximo, para entablar conversaciones, pese a que la huelga ha sido reconocida legalmente”, declaró.
El letrado recordó que en 2024 la situación fue distinta. En aquella ocasión, antes de que la huelga se concrete, la empresa accedió a atender los pedidos de los trabajadores y se firmó un convenio colectivo satisfactorio. “Este año la empresa ha endurecido su postura y su ofrecimiento está muy por debajo incluso de lo pactado el año pasado”, subrayó.
La paralización de los trabajadores afecta directamente las operaciones de la minera. Según los manifestantes extrae lingotes de oro de manera constante pero mantiene a sus obreros en condiciones laborales que califican de “infrahumanas”. En este escenario, se solicitó la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, Sunafil y el Ministerio de Trabajo.
El sindicato también denunció la presencia de más de 300 efectivos policiales en la zona de San Juan de Chorunga, quienes resguardan las instalaciones de la minera. Los dirigentes cuestionaron este despliegue, considerando que la protesta se desarrolla de manera pacífica. “La inseguridad está en las ciudades, no en la minera OREX, donde los trabajadores solo reclaman un pago justo”, señalaron.
La concentración policial, según los trabajadores, responde a un interés de blindar a la empresa de Antonio Samaniego, propietario de OREX, antes que a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Incluso plantearon interrogantes sobre el costo de este operativo y la utilización de recursos públicos para proteger intereses privados.
Mientras tanto, la huelga continúa firme. Los 500 trabajadores sindicalizados mantienen su paralización en el campamento minero, mientras los contratistas externos que no forman parte del sindicato siguen operando. La medida busca presionar a la empresa a instalar una mesa de diálogo y revisar las condiciones económicas ofrecidas.
