La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) sacudió a la empresa de agua Sedapar con una resolución que la obliga a devolver cobros indebidos en seis distritos de Arequipa. La investigación del organismo regulador detectó que la compañía aplicó de manera errónea el régimen de facturación gradual en conexiones nuevas con medidor. Lo que derivó en pagos injustificados entre octubre de 2024 y enero de 2025. Los usuarios recibirán reintegros que van desde los S/ 10 hasta los S/ 500.
La fiscalización de Sunass no solo reveló un error administrativo: dejó en evidencia la fragilidad en la supervisión interna de Sedapar. La empresa habría ignorado las reglas que obligan a aplicar una tarifa progresiva en los primeros meses tras la instalación de medidores. Este es un mecanismo diseñado precisamente para evitar impactos bruscos en los recibos de agua. Al omitirlo, se generaron cobros que la entidad reguladora señala como excesivos y que ahora deben ser devueltos.
Los distritos afectados —Matarani, Mollendo, Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y La Punta de Bombón— concentran buena parte de las conexiones instaladas en la costa arequipeña. Allí, se identificó inicialmente a 38 usuarios como perjudicados, aunque la resolución deja abierta la posibilidad de que se incorporen más casos si aparecen reclamos adicionales. Las devoluciones, según la disposición oficial, deberán realizarse mediante notas de abono o en efectivo, y con los intereses correspondientes.
El pronunciamiento también coloca a Sedapar bajo la lupa. Sunass otorgó un plazo de 150 días hábiles para demostrar que corrige las fallas detectadas: desde aplicar de forma estricta el régimen gradual de facturación hasta garantizar que cada usuario sea informado antes de la instalación de medidores. Incluso se exige que la empresa realice inspecciones para descartar fugas antes de facturar, práctica que no habría sido cumplida en los casos investigados.
En el plano político y social, el caso refuerza un tema recurrente en Arequipa: la desconfianza hacia Sedapar. No es la primera vez que los usuarios cuestionan la transparencia en sus procesos de cobro, y esta resolución se convierte en una advertencia pública. Para Sunass, el mensaje es claro: el organismo no solo fiscaliza, sino que también busca proteger al ciudadano frente a irregularidades que, de no detectarse, habrían pasado inadvertidas.
