El exministro del Interior Juan José Santiváñez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez un reportaje televisivo lo vincula a maniobras irregulares en el conflicto por la mina El Dorado, en Lucanas, Ayacucho. Según la investigación, junto al excoronel Percy Tenorio, habría gestionado la presencia de efectivos policiales para favorecer al empresario Franco Parodi. Una operación que —de acuerdo con fuentes consultadas— habría implicado pagos de hasta 160 mil dólares para garantizar respaldo institucional.
El informe difundido por Panorama expuso que en septiembre de 2024 vehículos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el yacimiento minero bajo el pretexto de atender denuncias de invasión. Sin embargo, la magnitud del operativo y la presencia de unidades especializadas despertaron sospechas en las autoridades regionales, que cuestionaron la legalidad de la intervención. Testimonios recogidos por el programa apuntan a que el despliegue respondió más a intereses privados que a un mandato institucional.
El empresario Franco Parodi, quien reclama derechos sobre el yacimiento, habría contratado a Percy Tenorio como su representante legal. El excoronel no solo habría articulado el apoyo policial en la zona, sino que también es señalado por su cercanía con Santiváñez. Lo que alimenta las sospechas de que el entonces ministro tuvo conocimiento directo de la operación. Una línea de investigación apunta a que los 160 mil dólares detectados en los registros serían la clave para entender el alcance de la supuesta compra de favores dentro de la PNP.
El papel de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, con sede en Lima, es otro elemento bajo la lupa. Su participación en la elaboración de un informe tras la visita al área minera sugiere que la operación se planificó desde la capital. Esto refuerza la hipótesis de que la intervención no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema más amplio. El mismo que pudo haberse amparado en el poder político de Santiváñez mientras ocupaba el despacho del Interior.
La investigación fiscal deberá determinar si hubo abuso de poder y uso indebido de recursos estatales en favor de intereses privados. De confirmarse estas prácticas, no solo se abriría un nuevo capítulo en el historial de cuestionamientos al exministro, sino que también se pondría en entredicho la autonomía de la Policía frente a presiones políticas y económicas.
