El Poder Judicial cerró la puerta a la estrategia legal de Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, quien buscaba archivar la investigación por tráfico de influencias en su contra. La resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el recurso presentado por su abogado, confirmando que los hechos imputados configuran presunto delito y deben ventilarse en juicio. Con esta decisión, Hurtado seguirá en el penal de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva dictada en octubre de 2024.
La resolución judicial sostiene que no corresponde al juez determinar, en esta etapa procesal, si Hurtado cometió o no el delito, ni el grado de su participación. Ese análisis, precisa el documento, será materia de debate en el proceso principal. Para el magistrado Checkley, los hechos atribuidos al exconductor sí encajan en el tipo penal de tráfico de influencias. Lo que basta para descartar el pedido de archivo definitivo que presentó la defensa.
El abogado de Hurtado, Elio Riera, había intentado sostener que la imputación carecía de base legal porque se sustentaba en una figura inexistente en la legislación: el “tráfico de influencias en cadena”. Incluso, comparó el caso de su patrocinado con el de Bruno Pacheco y la exalcaldesa Silvia Barrera, donde, según dijo, el Ministerio Público pidió sobreseer bajo el mismo argumento. Sin embargo, el juez no acogió esta interpretación y ratificó que los tres hechos imputados a Hurtado constituyen delitos que deben investigarse a fondo.
La investigación apunta a que Hurtado actuó como intermediario de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta en distintos casos de presunto tráfico de influencias. El primero involucra la devolución de oro a la empresa de Augusto Javier Miu Lei, donde habría ofrecido interceder ante un fiscal provincial a cambio de un millón de dólares. Los otros hechos bajo pesquisa señalan la solicitud y recepción de dinero para abrir una investigación contra Paltarumi S.A.C. y para detener otra contra Quántico Servicios Integrados S.A.C. y Francisco Iván Siucho Neira.
El caso no solo compromete al mediático exconductor, sino que también pone en la mira a un sector del Ministerio Público señalado por presuntos arreglos en procesos sensibles. La permanencia de Hurtado en prisión preventiva refleja la cautela del sistema judicial frente al riesgo de fuga y la magnitud de las imputaciones. En el camino hacia un eventual juicio oral, el expediente abre un debate de fondo: hasta qué punto las redes de poder e influencia han permeado la administración de justicia en el país.
