La Contraloría General de la República decidió sancionar al gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto Pérez, tras detectarse un perjuicio económico superior a los 361 mil soles por la entrega de bonos alimentarios en 2023. Aunque el funcionario aún puede apelar la decisión, fuentes del órgano de control señalaron que la sanción implicaría su inhabilitación por tres años para ocupar cargos públicos. El caso no solo alcanza a Oporto, sino también a otros funcionarios de su gestión que avalaron la medida pese a advertencias expresas del órgano de control.
La sanción contra Oporto, hombre de extrema confianza dle gobernador Rohel Sánchez, tomó por sorpresa al propio Gobierno Regional de Arequipa. El gerente general, Johan Cano, aseguró que no tenían conocimiento oficial de la medida, aunque confirmó que solicitarán información para proceder “de acuerdo a la normativa”. La falta de transparencia en torno a la notificación oficial alimenta las dudas sobre cómo se maneja la comunicación entre las entidades de control y la administración regional.
Bonos irregulares
El caso se originó en octubre de 2023, cuando Oporto, en su primera gestión como gerente de Salud, aprobó el Programa de Soporte Nutricional “Apoyo Alimentario”. El plan contemplaba la entrega de bonos de 900 soles a funcionarios y trabajadores de la Gerencia de Salud y la Red de Salud Islay. La justificación fue que se trataba de una “condición de trabajo”, pero la Contraloría estableció que no existía sustento legal ni presupuestal para avalar ese argumento.
El programa se ejecutó mediante la Adjudicación Simplificada N.° 07-2023, que culminó con la compra de 406 vales a la empresa Megacentro Carmen’s SRL. La adquisición se realizó a pesar de que la Ley de Presupuesto 2023 prohibía este tipo de beneficios cuando no estaban directamente vinculados a la jornada laboral. Los vales se repartieron entre diciembre de 2023 y enero de 2024, generando un perjuicio calculado en más de 361 mil soles.
La investigación no solo apunta a Oporto. El informe de auditoría también encontró responsabilidad en Miluzca Rivas Arestegui, exdirectora de Administración, quien firmó el contrato con el proveedor a pesar de haber recibido advertencias del Órgano de Control Institucional. Asimismo, involucra al ex jefe de Asesoría Legal, Rolando Paucara Apaza, quien emitió opinión favorable al procedimiento, ignorando las alertas de ilegalidad.
Oporto en silencio
Consultado, Oporto evitó dar declaraciones amplias y se limitó a señalar que no abordaría el tema públicamente. Su silencio contrasta con la magnitud de la sanción, que de confirmarse lo apartaría del sector público por tres años. La inhabilitación todavía no es definitiva: el gerente tiene 15 días hábiles para apelar ante el Tribunal Superior de Procesos Administrativos de la Contraloría.
En caso de que la apelación se presente, la sala respectiva tendrá 60 días para evaluar si confirma o revoca la sanción. Ese plazo podría convertirse en un escenario de tensión política, considerando que la Gerencia Regional de Salud maneja presupuestos clave y proyectos sensibles para la población arequipeña.
