El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter detectó serias irregularidades en la obra de mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la calle N° 16 en la urbanización UPIS Paisajista. El informe N° 008-2025-OCI/4601-SCC, emitido el 8 de agosto, advierte que la gestión municipal permitió el inicio de trabajos sin contar con las autorizaciones arqueológicas necesarias y con reiteradas ausencias del personal técnico clave.
La primera observación señala que la obra comenzó el 4 de julio de 2025 sin un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) aprobado por el Ministerio de Cultura. Esto pese a que el reglamento vigente exige este documento antes de cualquier intervención que implique remoción de suelos. Según la Contraloría, recién el 25 de julio, un día después de la inspección del OCI, el consorcio ejecutor inició el trámite. Cuando ya se habían realizado demoliciones y movimientos de tierra autorizados por el inspector y la supervisora de obra.
Este incumplimiento no fue advertido por el inspector designado, Yonny Denegri Denegri, ni por la supervisora Patricia Paredes Castillo. Fueron ellos quienes permitieron el avance de trabajos de subsuelo sin el permiso correspondiente. La omisión, advierte el informe, podría derivar en la paralización de la obra por orden del Ministerio de Cultura, afectando plazos y presupuesto.
Más errores
La segunda irregularidad detectada es la ausencia reiterada del personal técnico clave tanto del consorcio ejecutor Trazo como del consorcio supervisor Andez. Entre el 25 de julio y el 5 de agosto, las inspecciones del OCI encontraron que en varias jornadas no estuvieron presentes el residente de obra, el especialista ambiental ni el responsable de seguridad y salud en el trabajo.
Particularmente grave fue lo ocurrido el 25 de julio, cuando en la tarde solo laboraban 25 obreros sin supervisión profesional. El residente y la supervisora alegaron que descansaban en compensación por trabajo en feriado, pero no dejaron constancia en el cuaderno de obra ni informaron al gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
Las bases contractuales exigen la presencia del 100% del tiempo de estos profesionales durante la ejecución y prevén penalidades económicas por inasistencia. Sin embargo, la municipalidad no aplicó las multas correspondientes. Lo que implica una posible inaplicación de sanciones y un precedente de permisividad frente a incumplimientos.
En los contratos, la ausencia del residente o especialistas conlleva multas de hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por día. Mientras que en la supervisión la sanción es de 10% de la UIT por cada falta. La Contraloría remarca que la omisión de estas penalidades no solo afecta la disciplina contractual, sino que compromete la calidad técnica de la obra.
El informe subraya que la falta de control municipal permitió el inicio de actividades en condiciones irregulares y sin las garantías mínimas para salvaguardar el patrimonio cultural. También critica que la supervisión no cumpliera su rol de fiscalización permanente.
La obra, valorizada en más de S/ 3,3 millones y con un plazo de 150 días calendario, fue adjudicada al consorcio Trazo y su supervisión al consorcio Andez. El OCI advierte que, de persistir estas deficiencias, podrían generarse retrasos, mayores costos y un incumplimiento del expediente técnico aprobado.
