El exjuez del Cuarto Juzgado Civil de Arequipa, Justo Andrés Quispe Apaza, enfrenta una orden de captura nacional luego de ser declarado reo contumaz por no asistir a la audiencia de instalación de su juicio oral. La Fiscalía le imputa falsedad genérica y omisión de actos funcionales presuntamente cometidos durante su gestión. Cuando habría ingresado información falsa al Sistema Integrado Judicial (SIJ) para encubrir incumplimientos en la emisión de resoluciones.
La medida fue adoptada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. Esto tras el pedido del fiscal superior Santiago Irigoyen Díaz, representante de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones – Despacho de Investigación contra Magistrados. Según el Ministerio Público, Quispe Apaza estaba debidamente notificado de la audiencia del 13 de agosto. Pero no acudió sin presentar justificación, incumpliendo con su obligación de someterse al proceso. La orden de captura busca asegurar su ubicación, detención y conducción inmediata ante el tribunal para continuar con el juicio.
La acusación fiscal sostiene que, cuando era juez especializado, Quispe Apaza habría registrado datos falsos en el SIJ. El fin era simular la emisión de sentencias y actos procesales que nunca se concretaron. Estas acciones, según la investigación, buscaban ocultar la omisión de su deber de resolver expedientes judiciales. La Fiscalía ha documentado seis casos concretos, involucrando a empresas, particulares y a la Procuraduría del Poder Judicial, con retrasos de entre uno y más de cuatro años en la resolución de los procesos.
De acuerdo con la imputación, estas prácticas afectaron el funcionamiento regular del sistema de justicia. Además, vulneraron derechos fundamentales de las partes, como la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y el plazo razonable. Para el Ministerio Público, este tipo de conductas representan un grave atentado contra la credibilidad de la administración de justicia. Más aún al provenir de un magistrado en ejercicio.
La Fiscalía ha solicitado para Quispe Apaza una pena privativa de libertad y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Debido a que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones. Aunque el exjuez ya fue destituido en un proceso administrativo previo, la acusación penal se basa en hechos distintos, lo que refuerza —según el Ministerio Público— su compromiso de actuar con objetividad y firmeza frente a irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios del sistema judicial.
